Tegucigalpa, Honduras.
La Unidad de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Partidos Políticos iniciará en los próximos días su trabajo de veeduría y auditoría del gasto político en regiones del país en donde existe presencia de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Javier Franco, comisionado de esta instancia, explicó a LA PRENSA que junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) han definido un mapa de “zonas sensibles” con insumos proporcionados por organizaciones de la sociedad civil.
Se trata de regiones en donde se han detectado actividades sociales y públicas supuestamente financiadas por el narcotráfico como Olancho, Gracias a Dios, Colón, Cortés y Choluteca, entre otros departamentos.
En ese contexto, Franco amplió que se esta diseñando un mapa de actividades y capacitaciones para los líderes políticos y aspirantes a cargos de elección popular de esas zonas.
Dijo que este trabajo se hará de dos maneras, una de forma proactiva yendo y capacitando a los partidos en las zonas que ellos lo pidan, sin dejar de lado las consideradas como regiones calientes o sensibles.
“Antes que termine el mes de julio vamos tener presencia en estas zonas adonde hay partidos y actividad política para llevar la ley, realizar las asambleas y darla a conocer ahí como para hacer presencia”, manifestó.
Auditorías
El comisionado explicó que como parte de este trabajo se pedirá a los aspirantes a cargos de elección popular que consignen los nombres de los delegados financieros y administrativos de su campaña y que lleven un registro contable de sus gastos.
“Eso nos va a permitir a nosotros que un auditor externo de la Unidad o nosotros como comisionados podamos ir a la sede de un partido político y pedirles el informe financiero”.
Otra de las acciones de la Unidad consistirá en realizar auditorías in situ que consisten e ir a las concentraciones y mítines políticos para cotejar si la actividad es congruentes con los fondos invertidos y reportados por encargados.
“Con esto cotejaremos si el costo de la actividad es congruente con el informe, pero también con eso cotejaremos sino se han pasado o excedido del monto que está estipulado en la ley”, apuntó
Una de las innovaciones de la Ley de Política Limpia es que se imponen límites de financiamiento a los partidos para gastar en las campañas electorales, en sus niveles electivos de presidente, designados, diputados y alcaldes.
Franco explicó que los candidatos presidenciales solo pueden recibir fondos equivalente al número de hondureños registrados en el Censo Nacional Electoral multiplicado por el doble del costo del voto, es decir, 78.88 lempiras. Con base al actual censo de 5,9 millones de habitantes, eso equivale a 470 millones de lempiras para gastos de campaña.
Contar costillas
Al respecto, el dirigente de sociedad civil y depurador de la Policía, Omar Rivera, pidió a la Unidad de Fiscalización que le “pongan ojo” al financiamiento político en aquellos departamentos donde históricamente han operado los narcotraficantes.
Particularmente dijo que deben enfocarse en la zona fronteriza con Guatemala, el Litoral Atlático, Olancho, el Valle de Sula, La Mosquitia y Colón.
Rivera retó a las autoridades a entrarle con valentía a contarle las costillas a los candidatos de esas regiones y de manera particular a la zona de Colón en donde existe una vinculación de la clase política con las redes dedicadas a lo ilícito.
La Unidad de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Partidos Políticos iniciará en los próximos días su trabajo de veeduría y auditoría del gasto político en regiones del país en donde existe presencia de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Javier Franco, comisionado de esta instancia, explicó a LA PRENSA que junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) han definido un mapa de “zonas sensibles” con insumos proporcionados por organizaciones de la sociedad civil.
Se trata de regiones en donde se han detectado actividades sociales y públicas supuestamente financiadas por el narcotráfico como Olancho, Gracias a Dios, Colón, Cortés y Choluteca, entre otros departamentos.
En ese contexto, Franco amplió que se esta diseñando un mapa de actividades y capacitaciones para los líderes políticos y aspirantes a cargos de elección popular de esas zonas.
Dijo que este trabajo se hará de dos maneras, una de forma proactiva yendo y capacitando a los partidos en las zonas que ellos lo pidan, sin dejar de lado las consideradas como regiones calientes o sensibles.
“Antes que termine el mes de julio vamos tener presencia en estas zonas adonde hay partidos y actividad política para llevar la ley, realizar las asambleas y darla a conocer ahí como para hacer presencia”, manifestó.
Auditorías
El comisionado explicó que como parte de este trabajo se pedirá a los aspirantes a cargos de elección popular que consignen los nombres de los delegados financieros y administrativos de su campaña y que lleven un registro contable de sus gastos.
“Eso nos va a permitir a nosotros que un auditor externo de la Unidad o nosotros como comisionados podamos ir a la sede de un partido político y pedirles el informe financiero”.
Otra de las acciones de la Unidad consistirá en realizar auditorías in situ que consisten e ir a las concentraciones y mítines políticos para cotejar si la actividad es congruentes con los fondos invertidos y reportados por encargados.
“Con esto cotejaremos si el costo de la actividad es congruente con el informe, pero también con eso cotejaremos sino se han pasado o excedido del monto que está estipulado en la ley”, apuntó
Una de las innovaciones de la Ley de Política Limpia es que se imponen límites de financiamiento a los partidos para gastar en las campañas electorales, en sus niveles electivos de presidente, designados, diputados y alcaldes.
Franco explicó que los candidatos presidenciales solo pueden recibir fondos equivalente al número de hondureños registrados en el Censo Nacional Electoral multiplicado por el doble del costo del voto, es decir, 78.88 lempiras. Con base al actual censo de 5,9 millones de habitantes, eso equivale a 470 millones de lempiras para gastos de campaña.
Contar costillas
Al respecto, el dirigente de sociedad civil y depurador de la Policía, Omar Rivera, pidió a la Unidad de Fiscalización que le “pongan ojo” al financiamiento político en aquellos departamentos donde históricamente han operado los narcotraficantes.
Particularmente dijo que deben enfocarse en la zona fronteriza con Guatemala, el Litoral Atlático, Olancho, el Valle de Sula, La Mosquitia y Colón.
Rivera retó a las autoridades a entrarle con valentía a contarle las costillas a los candidatos de esas regiones y de manera particular a la zona de Colón en donde existe una vinculación de la clase política con las redes dedicadas a lo ilícito.
