Manipuló, amenazó, compró conciencias y gastó los fondos del Estado promoviendo una consulta que fue declarada ilegal. Su meta era cambiar la Constitución de la República y así continuar en el poder como lo han hecho los presidentes suramericanos Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales.
Antes del 28 de junio, Manuel Zelaya Rosales ya era descrito como un hombre autoritario cuya obsesión era seguir gobernando, una idea que era animada por varios asesores que lo embaucaron en una aventura política que tuvo un mal fin.
Alterando el orden constitucional, desobedeció sentencias como la emitida de forma unánime por la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo que ratificó el 17 de junio de 2009 la suspensión de la encuesta prevista para el último domingo de junio del año anterior.
Pretendió también obligar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a participar en esta consulta popular prevista para el 28 de junio.
En esa consulta se suponía que los hondureños votarían para decidir la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre donde se preguntaría si estarían o no de acuerdo en la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que modificaría artículos pétreos de la Carta Magna. Todo apuntaba que la sola encuesta de junio le iba a ser suficiente para montar la Contituyente, disolver el Congreso Nacional y seguir en el Ejecutivo, lo que analistas advirtieron como un autogolpe.
Semana de tensión
Del lunes 22 de junio al domingo 28 del 2009, Honduras se vio sumida en una crisis interna agobiante provocada por la insistencia de Zelaya en hacer la consulta, que al final no iba a ser más que la convocatoria directa a la constituyente.
Pese a las advertencias de los órganos judiciales y fiscales, el gobierno de Zelaya preparó todo lo relativo a la consulta. También obvió lo dispuesto por el Ministerio Público que señaló que quienes apoyaran el proceso, incurrirían en delito.
No desistir en su proyecto caldeó las relaciones entre los tres poderes del Estado. La sociedad civil rechazó el afán de Zelaya de proseguir con su consulta.
Para evitar que el entonces Presidente se saltara más trancas, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Plebiscito y Referéndum para que cualquier consulta al pueblo se hiciera por esa vía.
Pero el caos no paró ahí. En represalia por no apoyar su proyecto político, Manuel Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, lo que desencadenó una avalancha de renuncias en solidaridad con el general de las Fuerzas Armadas. También renunció al gabinete de Zelaya, el que fuera el ministro de Defensa, Edmundo Orellana.
Esa noche del 24 de junio, en cadena nacional, Zelaya convocó a sus seguidores a “acompañarlo a tomar decisiones”. Los citó para las 12 del mediodía del siguiente día en la afueras de Casa Presidencial.
Si la tensión ya era incontenible, todo empeoró el 25 de junio cuando el propio Zelaya convulsionó al país al irrumpir en las instalaciones de la base aérea Enrique Soto Cano para sacar de allí el material para la consulta que contra viento y marea pretendía realizar.
Ese día, por un lado el Congreso Nacional mantenía firme la moción para que fueran investigadas las actuaciones del mandatario y de urgencia aprobar o improbar su conducta basados en el artículo 205 numeral 20 de la Constitución de la República.
Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral declaraba ilegal la encuesta de opinión mientras la capital y sus principales ciudades eran militarizadas provocando caos entre los hondureños que salían a abastecerse de lo esencial temiendo lo peor.
Las Fuerzas Armadas con Vásquez Velásquez a la cabeza de nuevo, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal su despido, se declaró en estado de alerta para evitar anunciados disturbios causados por grupos de choque pagados con los dineros del Estado, sacados para la cuarta urna.
En vista del inminente peligro en el que puso a la democracia, el mismo 28 de junio -día en el que haría la consulta- el Congreso Nacional decidió su separación del Poder Ejecutivo.
La destitución se amparó en las investigaciones que el Legislativo realizó sobre las actuaciones que venía haciendo Zelaya en detrimento de la institucionalidad del país.
“Zelaya ha actuado de forma irregular y había puesto en peligro el estado de derecho”, leyó el 28 de junio por la tarde, el secretario del CN, José Alfredo Saavedra, luego de investir a Roberto Micheletti como el nuevo Presidente por sucesión constitucional.
Los fundamentos para destituirlo fueron que “generó un clima de confrontación, división y zozobra al grado de poner en peligro inminente la gobernabilidad”.
A fin de evitar que la separación de Zelaya acabara en tragedia, las Fuerzas Armadas irrumpieron en su vivienda sacándolo del país y lo enviaron a Costa Rica, basados en que era “un estado de necesidad” para evitar un derramamiento de sangre.
Frenaron su autogolpe
La nueva historia de Honduras comenzó a escribirse el 28 de junio. Con Micheletti a la cabeza del Poder Ejecutivo, el nuevo gobierno fue sacando a la luz el plan orquestado por Zelaya.
El decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta el sábado 27 de junio, justo un día antes de su consulta, destapó la olla.
Juristas dilucidaron que sus intenciones era derogar la Constitución de la República al publicar ese 27 de junio el decreto PCM-020-2009 con el cual se convocaba al pueblo a una consulta popular viciada.
Ante este panorama, el Poder Judicial y el Congreso Nacional que complementan al Poder Ejecutivo en la dirección del país, determinaron su destitución utilizando a las Fuerzas Armadas como medio coercitivo luego de conocer el contenido del decreto en el que se preguntaba: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales de 2009 se instale una cuarta urna en la que el pueblo decida la convocatoria a una asamblea nacional constituyente? Había que responder sí o no.
Pero no fue la pregunta la que puso en alerta a los poderes del Estado.
El segundo numeral del decreto llamaba a la constituyente de forma directa para ese 28 de junio.
El artículo dos dice: “Se instruye a todas las dependencias y órganos de la administración pública: Secretarías de Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas para que se incorporen y ejecuten activamente todas las tareas que les sean asignadas para la realización del proyecto denominado: Encuesta de opinión pública convocatoria a asamblea general constituyente que constituye una actividad oficial del gobierno de la República”.
Los diputados, dos días después de la salida de Zelaya, se enteraron gracias a la investigación ordenada por la junta directiva del Legislativo que el 28 de junio, con los primeros resultados de la constituyente, Zelaya planeaba disolver el Congreso ese mismo día, asestándose un autogolpe.
Democracia prevaleció
Aunque las acciones para salvar la democracia hondureña no fueron bien vistas por el mundo que aisló a Honduras desconociendo sus nuevas autoridades y presionando para que Zelaya retornara al poder, suspendiendo toda ayuda internacional, el país logró salir adelante.
Desde junio a noviembre antes de las elecciones generales, los hondureños soportaron el caos provocado por los grupos de choque y seguidores de Zelaya que se resistían a la salida del ex mandatario.
El Gobierno decretó toques de queda y se suspendieron algunas garantías a fin de contener a los agitadores.
Por varias semanas los disturbios y saqueos paralizaron carreteras y ciudades.
Zelaya desde el extranjero y en su posterior refugio en la embajada de Brasil avivaba las brazas de la rebelión.
Y fue así como un grupo de funcionarios salvaron la democracia que terminó de consolidarse cuando 4.6 millones de catrachos en Honduras y 20 mil más en Estados Unidos, acudieron a una masiva e histórica votación en las que salió triunfador Porfirio Lobo Sosa quien hoy asumirá la dirección del país para el período 2010-2014.
