Este martes se desarrolla la Operación Omega X en todo el territorio nacional, en donde se investigan supuestos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos en el hospital Juan Manuel Gálvez, de Gracias, Lempira.
El caso se relaciona con una supuesta compra irregular y fraccionada hecha por las autoridades hospitalarias del período 2012 a la empresa Astropharma.
Asimismo, la Fiscalía, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizan diligencias investigativas en la municipalidad de Chinda, Concepción del Norte, Trinidad, Naranjito y Santa Bárbara, en el departamento de San Bárbara, por posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
Además, se decomisan documentos en las oficinas de Catastro, en la Municipalidad de San Pedro Sula y se investigan supuestas ilicitudes en la construcción de una rotonda en la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Las diligencias investigativas igualmente continúan en la Alcaldía de Puerto Cortés por el presunto otorgamiento de más de una docena de contratos a la empresaria Rosibel Morán Montes, cancelando más de 27 millones de lempiras.
Otro caso de la Fiscalía y la Atic conlleva al secuestro de documentos en la Alcaldía de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, en torno a supuestas contrataciones irregulares en 28 proyectos de obras públicas (período 2014-2018).
También se efectuarán diligencias investigativas en las oficinas del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), de San Pedro Sula, atendiendo denuncia incoada contra personal de La Ceiba por supuesta apropiación indebida de cuotas o aportaciones en perjuicio de la administración pública.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia promueve un antejuicio en contra de un juez de lo civil sampedrano por suponerlo responsable del delito de prevaricato judicial, quien contrarió lo relativo al tramite de impugnación de costas y libró mandamiento de ejecución sin haber título judicial para ello.
Adicionalmente, los fiscales y agentes de la Atic indagan en la zona sur a personal judicial por la pérdida de expedientes de casos, así como posible abuso de autoridad cometido por un juez y supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y falso testimonio por un receptor.
De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural interpone requerimiento fiscal contra un registrador del Instituto de la Propiedad (IP) por violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y la comunidad garífuna de Masca, ubicada en Omoa, Cortés, al tiempo que en la Mosquitia tendrán lugar labores de campo a nivel interinstitucional por la problemática en relación a la habilitación de una carretera y daños en zona de Wampusirpi.
En otras acciones, la Fiscalía Especial de la Mujer presenta 56 requerimientos fiscales por violencia género y abusos. En tanto, las demás fiscalías especiales, regionales y locales dirigen una serie de allanamientos en busca de armas, drogas y personas con órdenes de captura, inspecciones en comercios, operativos en carreteras y desarticulación de estructuras criminales dedicadas a la extorsión y trata de personas, entre otros ilícitos.
