24/02/2026
12:00 AM

Aprobarán reconstrucción de juzgados

La CSJ tendrá en agosto la aprobación del financiamiento para la reconstrucción del edificio judicial de San Pedro Sula

    La Corte Suprema de Justicia tendrá a finales de agosto la aprobación del financiamiento para la reconstrucción del edificio judicial en esta ciudad; así reveló ayer el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés.

    Según el magistrado, luego se procederá con la licitación y la empresa que gane establecerá el día de inicio de la obra.

    “Hemos solicitado apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Mundial y estamos gestionando con el BCIE”, dijo.
    Respecto al monto, Avilés dijo que “la proyección que nos hizo la empresa encargada del diseño es de unos 133 millones de lempiras; pero lo llevaremos a una revisión para ver si es el gasto necesario. También tenemos el estudio de la estructura final”. Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, indicó que “al mes erogamos unos 600,000 lempiras en alquileres de inmuebles donde funcionan los juzgados en San Pedro Sula”. Aseguró que la obra iniciará el último trimestre del año; “la inversión valdrá la pena, haremos algo que no falle con otro terremoto”.

    El magistrado Jacobo Cálix, de la Sala Penal, anunció que “en los próximos días enviaremos a un magistrado a la Corte de Apelaciones de lo penal en San Pedro Sula como auxilio para evacuar casos existentes”. Avilés dijo que también apoyarán con un magistrado de apelaciones a la corte laboral para disminuir la mora en esta área. El titular del Poder Judicial visitó ayer la capital industrial para firmar un convenio de cooperación institucional con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, Luis Larach. Con el acuerdo establecerán mecanismos de cooperación para desarrollar objetivos comunes, como capacitación en temas con énfasis en administración de justicia.

    Avilés dijo que “promoveremos el acceso a la justicia”.

    Luis Larach expresó su satisfacción por el logro de este acuerdo que “permitirá a ambas partes desarrollar procesos de capacitación profesional jurídica, lo cual tendrá como resultado un beneficio directo en el campo de la seguridad jurídica de la ciudad y el país”.