Unos mil permisos de operaciones para el transporte urbano e interurbano aprobados a finales del Gobierno pasado podrían ser eliminados debido a que se autorizaron incumpliendo el decreto que establece la veda para los mismos.
El pleno del Congreso Nacional aprobó ayer una moción para anularlos. La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, avalada por la mayoría parlamentaria, aún por liberales como Gonzalo Rivera, quien, para compensar las denuncias, pidió investigar también los últimos meses del gobierno de Ricardo Maduro.
Los parlamentarios calificaron como piñata el reparto de permisos y resaltaron que hasta hubo una orden escrita del entonces presidente Roberto Micheletti de detener esas arbitrariedades, pero aún así el director de Transporte, César Quezada, continuó, lo que causó su despido.
Los diputados pidieron que se tomen las acciones penales a través de la Fiscalía General, a fin de demostrar la ilegalidad y que se anulen esos permisos.
La diputada Marcia Villeda sometió después a consideración del pleno un proyecto de ley encaminado a ampliar la veda de permisos por cuatro años más.
Irías pronunció: “Las decisiones tomadas en la Dirección General de Transporte en los últimos días del llamado gobierno de transición han generado la profunda inconformidad de los operarios del transporte. Disponemos de denuncias del otorgamiento de permisos de operación de transporte a empleados de la referida dirección, otorgamiento de rutas por primera vez en modalidades de transporte urbano, interurbano, mototaxis y servicio contratado sin reunir requisitos legales ni los procedimientos que establecen la Ley de Transporte y su reglamento”.
La moción pide “solicitar al secretario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda que proceda a la urgente e inmediata revisión de los permisos de operación”.
