Si en una semana el Gobierno no pone fin al sobreprecio y cobros ilegales que hacen las importadoras a los gasolineros y los transportistas del rubro se irán a una paralización de labores, advirtieron ayer representantes de la compañía Copena y los acarreadores de petróleo.
Ayer se reunieron los petroleros con el asesor legal del Poder Ejecutivo, Enrique Flores Lanza, y el ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, para buscar una solución al problema.
La amenaza más grande surge de los transportistas, quienes, como última medida, pararían sus unidades, en reclamo por el cobro que les hace Texaco en materia de “asesoría por transporte” desde hace dos años.
Suministro
El presidente de las Asociación de Transportistas de Petróleo, Edgardo Menéndez, expresó que esa transnacional les cancela el canon que corresponde por movilizar el carburante, pero “me obliga a que yo le regrese otro cheque, que no está contemplado en la ley por asesoría de transporte; no creo que una asesoría de transporte valga 500 millones de lempiras, lo que nos han quitado en dos años”.
“Primero vamos a parar por dos o tres horas las unidades y cuando sigan van a correr a 25 kilómetros por hora, pero si después no se resuelve nada el paro será total”, sentenció.
En Honduras funcionan unas 800 cisternas que suministran poco más de un millón de barriles de combustible al mes.
Sobreprecio
El gerente de Copena, Brayan Bernárdez, dijo que desde hace más de un mes la empresa Dippsa les vende el carburante a un costo mayor al que se comercializa en las bombas, generándoles millonarias pérdidas.
Una de las alternativas que manejan en caso de resolverse la situación es cerrar operaciones temporalmente.
Dijo que ellos deben recibir a 42 lempiras el galón de energético, pero se los ofrece a unos 50 lempiras.
“Prácticamente estamos con respirador artificial”, expresó.
Los gasolineros sospechan que esta irregularidad de las importadoras se debe a que quieren recuperar las pérdidas que les produjo la reducción abrupta de casi ocho lempiras al galón de combustible que decretó el Gobierno al legalizar el cambio de la fórmula de importación de los carburantes, como parte del proceso de la licitación.
