Los cinco magistrados de la Sala Constitucional tienen en sus manos decidir si es legal o ilegal la Comisión Interventoradel Ministerio Público.
Ellos emitirán en los próximos días un fallo en el que decidirán si se deroga o no el decreto que le dio vida a la comisión.
Este es el paso que sigue después de que la Fiscalía de Defensa de la Constitución se abstuviera de emitir dictamen sobre si es legal o no la Comisión Interventora del Ministerio Público (MP).
El pasado 17 de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto 59-2013, que contiene la Ley Especial de Intervención del Ministerio Público. Dicho decreto fue aprobado por el Congreso Nacional, que crea una Comisión Interventora.
Esta Comisión está integrada por María Antonia Navarro, Mirian Guzmán, Lino Mendoza y Ángela Madrid, quienes durante 60 días asumen las funciones de los fiscales generales Luis Rubí y Roy Urtecho.
La Asociación de Fiscales de Honduras consideró que es ilegal el decreto, por lo que interpuso en la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 59-2013. Argumenta violación de la Constitución al atentar contra la independencia del MP. Dicho recurso fue admitido por la Sala Constitucional, que inició un trámite para dictar sentencia. La última diligencia fue pedirle a la Fiscalía de la Constitución que emitiera un dictamen (no vinculante) sobre si procede o no derogar el Decreto 59-2013.
La Sala Constitucional publicó lo que resolvió esta Fiscalía: “Tener por abstenido al fiscal del despacho de emitir dictamen”, cita el libro de entrada de la Sala Constitucional. Se argumenta que, por ser un asunto que atañe directamente al MP, esta no puede emitir una posición.
Separaciones
Cuatro fiscales especiales serían separados por decisión de los interventores.
Trascendió que Henry Salgado, suspendido de la Fiscalía contra la Corrupción y actual fiscal del Medio Ambiente; Fanny Martínez, fiscal interina contra la Corrupción; y Kenia Reconco, fiscal de Delitos Comunes, serían separados.
Asimismo se informó que la Fiscalía de Privación de Dominio desaparecerá y se anexaría a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, dirigida por José Mario Salgado, quien sería sustituido por Soraya Cálix, fiscal de Privación.
