Alarmados se encuentran los inversionistas del cultivo de palma africana en Colón por la grave situación de violencia que se ha desatado en los últimos meses, debido a las invasiones de las fincas por parte de grupos armados que se hacen llamar campesinos.
Los productores hacen un desesperado llamado a las autoridades gubernamentales para que intervengan el Aguán y se respete el derecho a la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica.
Pérdidas millonarias
Desde octubre pasado que nuevamente resurgieron las invasiones de palma africana en el Aguán, grupos campesinos se han tomado por la fuerza 11,345 hectáreas de plantaciones en producción. Esto ha generado pérdidas estimadas en alrededor de 3,200 millones de lempiras anuales a las empresas afectadas, como Corporación Dinant, Salamá, Agropalma, Inversiones Ceibeñas y Aceidesa, entre otras.
Según datos de los miembros de la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera de Honduras (AIPAH), el año pasado hubo 57 muertos y 173 heridos, la mayoría guardias de seguridad que vigilan las fincas y que son asesinados por grupos armados que llegan con la intención de invadir las tierras.
Las más recientes muertes ocurrieron el pasado 30 de diciembre durante un enfrentamiento contra invasores en la cooperativa Salamá en Trujillo. El saldo fue de tres guardias de seguridad muertos.
“La situación en el Bajo Aguán se está tornando cada vez más riesgosa. Si el Estado, las autoridades policiales, militares y judiciales no actúan, esto se va a volver más complejo. Estamos hablando de un fenómeno delincuencial que atenta contra la vida de las personas, contra la seguridad jurídica y la paz social del país”, manifestó Héctor Castro, presidente de la AIPAH.
Datos
1,200. empleos aproximadamente se han perdido en los últimos meses a raíz de las invasiones de fincas de palma en Colón.
4,000 hectáreas de palma invadidas se han recuperado en los últimos desalojos por la Policía tras la orden de un juez.
El dirigente agroindustrial incitó al nuevo gobierno de Xiomara Castro, que tomará posesión este 27 de enero, a darle prioridad a la problemática.
“Esperamos las nuevas autoridades le den la mayor atención a este problema y de una vez se corrija. Con esta situación se está mandando señales de irrespeto a las leyes, que estas personas pueden delinquir, matar, coaccionar, secuestrar, extorsionar a la vista y paciencia de las autoridades y eso no puede seguir”, agregó.
“El nuevo Gobierno debería de fortalecer la seguridad jurídica”, manifestó Guillermo Cerritos, director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).
Gustavo Solórzano, asesor legal del Cohep, dijo que se “deben buscar soluciones reales y concretas por las usurpaciones de las tierras, lamentamos los enfrentamientos y exigimos el respeto a la propiedad privada”.
Agregó que se ha hecho la advertencia al Ministerio Público y a los tribunales de justicia y no han tenido respuesta de ellos.
