Luego que un juez dictara auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el capitán Santos Orellana, su esposa y suegra, los abogados defensores tienen tres días hábiles para interponer un recurso de apelación y así lograr que se defiendan en libertad.
Si el recurso no llega a ser admitido por parte de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Jusiticia (CSJ), los acusados deberán continuar con la audiencia preliminar.
Por ahora Santos Orellana permanece encerrado en el Fuerte Cabañas, mientras que su esposa y suegra siguen en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Támara.
El Ministerio Público señala al excapitán de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y su familia del delito de lavado de activos.
Santos Orellana y pareja Jennifer Lizzeth Bonilla fueron aprehendidos el pasado 4 de noviembre en Tegucigalpa y su suegra Reina Lizeth Bonilla en una gasolinera en Santa Rosa de Copán, Copán, justamente en la salida a Ocotepeque.
Con las capturas, la Atic también llevó a cabo allanamientos y aseguramientos en Tegucigalpa y Lepaterique, en Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, de donde Rodríguez Orellana y su familia son originarios.
Se informó que 15 bienes inmuebles, entre esos residencias, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos y terrenos fueron asegurados y traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi ).
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De acuerdo con las investigaciones iniciadas años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado Zipe.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
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También se le señala de participar en escuchas telefónicas a través de las cuales negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros, la Fiscalía indica que se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas, recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo con los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el período comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
