La Fiscalía que representa a los Estados Unidos, en el caso contra el exdiputado hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández, pidió este lunes una confiscación de bienes por 138.5 millones de dólares.
La petición se presenta un día antes de que la corte dicte sentencia contra el hondureño, hallado culpable, en octubre de 2019, de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico.
En la petición de la Fiscalía se explica que esta incautación es consecuente con la legislación aplicable al caso del acusado, la cual prescribe la confiscación de los bienes obtenidos directa o indirectamente como resultado de las actividades ilícitas por las que fue hallado culpable, específicamente el primer cargo, que se refiere a su participación en una conspiración para enviar droga a los Estados Unidos.
La ley ordena incluso la confiscación de toda propiedad “que se haya usado o se haya pretendido usar de cualquier modo total o parcialmente, para cometer y facilitar la comisión de las ofensas” por las que el acusado fue hallado culpable.
El monto antes mencionado se impone al acusado además de la pena de prisión a la que será sentenciado.
En varias oportunidades, la defensa de Hernández ha dejado patente que este no cuenta con recursos personales en tales cantidades, y que, en lugar de eso, ha dejado pendientes de pago ciertas deudas que había contraído previo a su arresto.
Los abogados de Tony han utilizado este argumento para tratar de desvirtuar las acusaciones en su contra, en el sentido de que, se haber sido un poderoso narcotraficante, no estaría en una situación económica precaria.
La audiencia de sentencia contra Hernández está prevista para este martes 30 de marzo a las 2:00 pm (hora de Nueva York), en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
