Tegucigalpa, Honduras.
Jackeline Anchecta, viceministra de promoción de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo que como institución han visto con preocupación la situación de los centros penitenciarios, por lo que han procurado mantener canales de comunicación constante con la Secretaría de Salud y el INP para darle seguimiento al tema de la atención a la población carcelaria, específicamente en el tema salud.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó de los 274 casos confirmados a lo interno de la población carcelaria al 7 de julio, 61 presos ya vencieron al COVID-19, resultados que se conocieron a través de las pruebas realizadas por parte de la Secretaría de Salud.
Digna Aguilar, portavoz del INP, manifestó que durante las intervenciones se han realizado 1,303 pruebas rápidas para detectar carga viral, teniendo un resultado positivo de 342, a estos ya les entregaron tratamiento Maíz.
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'El instituto Nacional Penitenciario entregó 3,100 pruebas rápidas a los diferentes centros penales, así como 1,514 tratamientos Maíz, estos fueron recibidos por reos cuya prueba rápida con carga viral dio positivo', añadió Aguilar.
Ante los masivos contagios a lo interno de las prisiones, la Secretaría de Derechos Humanos definió un plan junto con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Penitenciario con el fin de abordar de manera integral la situación de los privados de libertad afectadas por el COVID-19.
Preocupa vulnerabilidad
 Jackeline Anchecta, subsecretaria de Derechos Humanos
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'Nosotros actuamos desde nuestras competencias como ente rector de la política pública, las y los privados de libertad están en situación de vulnerabilidad, por lo que de allí se deriva nuestra preocupación”, agregó la funcionaria.
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Archeta anunció que se ha impulsado una mesa de salud penitenciaria en la que participan varias instituciones par articular la respuesta estatal que debe brindarse al tema penitenciario. A la vez, remarcó la importancia que amerita el tratamiento de casos que resultan positivos y el seguimiento que se les brinda para reestablecer la salud.
El plan establece un mecanismo de monitoreo de los casos positivos de COVID-19, según los acuerdos logrados en la mesa en la que participan las tres instituciones.
Recomendaciones de la ONU al INP
1. Fortalecer las medidas de prevención y control de COVID-19 en los centros penitenciarios.2. Mejorar el acceso a servicios médicos, medicinas y pruebas que permitan detectar de manera oportuna el coronavirus, tuberculosis, dengue y otras afectaciones que pongan en riesgo la población penitenciaria.
3. Acelerar los procesos normativos, judiciales y administrativos necesarios para la excarcelación de personas privadas de libertad, priorizando en los reclusos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.
4. Establecer medidas alternativas para la comunicación de los privados de libertad con sus familias, así como mecanismos de información de autoridades con presos y sus familiares sobre su estado de salud y las medidas tomadas en los centros penitenciarios.
