Tegucigalpa, Honduras.
'El Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Salud han coordinado acciones con las instituciones regionales para realizar las pruebas de hisopado y así diagnosticar
casos de COVID-19', indicó su portavoz
Digna Aguilar.
El coronel de Infantería
José Miguel Mejía, gerente administrativo del INP, informó que al 1 de julio se diagnosticaron
más de 580 personas con COVID-19, que incluye reos, personal de Salud, administrativo u operativo de las cárceles.
Hasta el 3 de julio se registraron 230 casos positivos de COVID-19 entre privados de libertad de las diferentes cárceles del país, informaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
También se realizaron 1,143 pruebas, de las cuales 283 dieron positivo con relación a carga viral, aclarando que las que dieron positivas mediante prueba rápida no necesariamente significa que la persona contrajo COVID-19, ya que ese tipo de revisión precisamente es para detectar dengue o cualquier otro virus que esté afectando el organismo.
 Digna Aguilar, portavoz del INP
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La vocera también comentó se distribuyeron 2,725 pruebas en los distintos centros penales del país, así como 1,324 tratamientos Maíz para aplicarlos una vez que el privado de libertad resulte positivo de COVID-19.
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Solo en la cárcel de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, hasta el 3 de junio se reportaron 80 casos positivos de COVID-19, mientras que del resto de prisiones se están esperando los informes para conocer la identidad de los presos y verificar los datos con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).
 Coronel José Miguel Mejía
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'Hemos hecho lo que corresponde en cuanto a la adquisición de medicamentos, también se solicitaron 5,300 tratamientos Maíz, que es la proyección que tenemos sobre la población carcelaria que podría alcanzar el virus', enfatizó el Mejía.
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También se adquirieron kits de aseo personal como medida de prevención y continúan activas las restricciones de visitas al interior de los penales. Se ha invertido más de 102 millones de lempiras en alimentación para los privados de libertad desde que empezó la pandemia, de igual manera están trabajando en traer al país al menos 6,000 pruebas rápidas desde Canadá.
Sobre insumos de bioseguridad, el INP ha invertido alrededor de 1.5 millones de lempiras y se están gestionando donaciones de equipos de bioseguridad para el personal médico, de seguridad y otros.
'Desde antes que iniciara la pandemia en el país se estableció un planteamiento para enfrentar la enfermedad. Tomamos acciones administrativas y operativas junto con la Secretaría de Salud, además de la preparación de las instalaciones y control de los privados de libertad con enfermedades de base', concluyó José Miguel Mejía.
Muertes de presos
El INP oficializó hasta el 28 de junio tres muertes: dos en la prisión de máxima seguridad conocida como La Tolva, en Santa Bárbara y un tercero en Puerto Cortés.Al primer reo fallecido de Ilama no se le encontró nexo epidemiológico, ya que todas las pruebas realizadas a personas que estuvieron cerca de él dieron resultado negativo, por lo que hasta ahora se desconoce la forma de contagio.
Sobre la segunda muerte se trata de un reo que estuvo más de un mes en el hospital de Santa Bárbara Integrado, donde fue contagiado por una persona de la tercera edad que llegó buscando asistencia médica, de igual manera el adulto mayor afectó a otros dos pacientes y a un elementos sanitario.
El tercer deceso corresponde a un privado de libertad que estuvo hospitalizado en Puerto Cortés, después de varios días para conocer el resultado por parte del Laboratorio Nacional de Virología, informaron que finalmente murió por COVID-19.
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