Posponen declaración de Marco Bográn ante el MP hasta el 7 de julio

El exdirector de Invest-H ha sido cuestionado luego que la empresa turca SDI Global LLC AS denunció una falsificación de documentos y “lavado de dinero” en la compra de siete hospitales.

Marco Bográn aseguró que es inocente y que se lo demostrará a la justicia.
Marco Bográn aseguró que es inocente y que se lo demostrará a la justicia.

Tegucigalpa, Honduras.

Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), iba a comparecer este jueves ante el Ministerio Público (MP) para explicar el proceso que se siguió para comprar siete hospitales móviles en Turquía, los cuales costaron casi 48 millones de dólares, sin embargo, la audiencia fue pospuesta para el 7 de julio.

La decisión se tomó después de que sus abogados presentaron una certificación médica que indica que Bográn sigue afectado de salud, pero confirma que el martes 7 de julio, a las 8:30 am se presentará a declarar.

"Según la incapacidad médica, el señor Marco Bográn presenta aún problemas relacionados con el COVID-19 y otros en su cuerpo, por lo que no pudo comparcer hoy, sin embargo, confirmó que asistirá el marte junto con sus abogados y entendemos entonces que deberá cumplir", informó Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

Galindo también mencionó que tanto la Atic como la Fiscalía continúan trabajando y no se descarta que próximamente se informe de más personas involucradas en el caso.

Más temprano

El exfuncionario remarcó que "soy inocente y lo voy a demostrar ante las autoridades, pero se me ha tratado como si yo soy corrupto y sin respetar el derecho a la presunción de inocencia, especialmente en algunos medios de comunicación".

Bográn pidió que cuando sea declarado inocente de todo, que con la misma intensidad mediática con que ha sido tratado, así se mencione en reiteradas ocasiones la resolución positiva de su caso.

"En las redes sociales se me ha condenado de manera injusta, publican cosas si saber y sin haber medios probatorios, podrán revisar mis estados de cuenta y verán que no me he enriquecido", aseguró Bográn.

El exdirector de Invest-H es sospechoso de los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos en torno a los fondos ejecutados para atender la emergencia del COVID-19.

Entre las deficiencias identificadas en los procesos de adquisición figuran la falta de planificación de las compras, millonarios pagos anticipados sin garantías e inexistencia de penalidades por entregas tardías.

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La compra más preocupante es la de siete hospitales móviles. Los equipos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) cotizaron los mismos hospitales móviles directamente con la empresa manufacturera (TNR Prefabrik) a la que Invest-H los compró, a un precio de $2 millones menos cada uno y hospitales muy parecidos con otra empresa (Turmaks) por $3 millones menos.

Además, en el contrato no hay penalidades por entrega tardía, pero los primeros hospitales debieron ser recibidos hace más de 35 días. Tampoco se encontraron garantías de calidad y la adjudicación se realizó a una empresa sin documentos mínimos de identificación legal en el expediente digital de Invest-H.

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Las indagaciones en torno al caso indican que Marco Bográn realizó la masiva compra sin la opinión de expertos.

Mayor observación

El Foro Nacional de Convergencia (Fonac), hizo público una serie de recomendaciones al Gobierno para constituir factores claves para la legal, transparente y adecuada adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obras públicas durante la emergencia.

Según el Fonac, la institucionalidad del Estado debe, entre otras cosas, aprobar un protocolo oficial para realizar transacciones de compra en el marco del estado de emergencia y conformar un comité técnico multidisciplinario que lo implemente.

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El Fonac propone que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la acción de veeduría y auditoría social sea en todas las fases del proceso de adquisición de bienes y servicios, además e la contratación de obras públicas que realice el Estado.

Esta plataforma de veeduría social deberá ser amplia y diversificada a fin que organizaciones no gubernamentales con experiencia en los asuntos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, contratación de obras públicas y redes ciudadanas de elevada representatividad, puedan ejecutar acciones de auditoría social.

La Prensa