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Sentencian a 1,042 años y seis meses de prisión a exempleada de Salud

  • 17 junio 2020 /

Doris Obdulia Gradiz Sevilla cometió 139 delitos de fraude con el tráfico de becas.

Tegucigalpa.

Los jueces del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en Materia Anticorrupción emitieron sentencia condenatoria para una exempleada de la Secretaría de Salud, que benefició con el otorgamiento de becas de estudio a 139 supuestos estudiantes.

Doris Obdulia Gradiz Sevilla fue sentenciada a una pena de 1,042 años con 6 meses de reclusión, por la comisión de 139 delitos de fraude en concuros ideal con el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración pública.

La exempleada de la Secretaría de Salud continuará privada de su libertad en el Centro Femenino de Adaptación Social ( Cefas) en Támara.

La pena de más de 1,000 años de prisión es el total de la suma por cada delito que le fue comprobado a Doris Gradiz Sevilla.



La encausada también recibió las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la reclusión.

Por el mismo caso del tráfico de becas a supuestos estudiantes, el Tribunal de Sentencia dejó firme la abosolución de responsabilidad penal de Karla Regina Alfaro, Loyda Clementina Ventura, Garis Corina Zelaya y Ricardo Enrique Lanza, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.

Tras la lectura de la sentencial el Tribunal mandó a que se notifique la sentencia a las partes procesales. Queda en suspenso el plazo de 20 días para la casación por la emergencia sanitaria, indicaron los jueces en su sentencia.

Millonario tráfico de becas

Diario LA PRENSA publicó en enero de 2018 que la Secretaría de Salud pagó 6.1 millones de lempiras en salario-beca a 86 falsos estudiantes de ciencias médicas entre 2014 y 2016.

El tráfico de las becas se hizo aparentemente a favor de personas que aparecen como médicos, odontólogos, microbiólogos, licenciadas en enfermería en internado rotatorio y servicio social.

Las pesquisas del caso iniciaron en 2016 luego de que la Secretaría General de Salud detectara algunas irregularidades en los pagos de las becas como inconsistencias en los números de acuerdos usados para las transferencias.