TEGUCIGALPA.
A estos se suman, L3,804 millones del presupuesto nacional y más de $3,000 millones (L74,400 millones) aprobados mediante decretos de ley por el
Congreso Nacional entre el 13 de marzo y el 1 de abril del presente año.
Muchas de estas inversiones consistentes en adquisición de hospitales móviles, mejora de centros de atención, abastecimiento de insumos sanitarios, equipos médicos, trajes de bioseguridad y otros implementos, han sido objeto de fuertes cuestionamientos, debido a la sobrevaloración de costos y la ausencia de información relacionada con los procesos de compras.
Diecinueve días después, el 1 de abril, los diputados aprobaron la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el
COVID-19, que entre otras cosas, facultó al Ejecutivo a gestionar endeudamiento interno y externo por $2,500 millones de dólares, unos L62,000 millones.
Posteriormente, el FMI, el Banco Mundial, el BID y el BCIE anunciaron la disponibilidad de $143, $119, $59.2 y $250 millones de dólares, respectivamente, como apoyo a Honduras para afrontar la crisis derivada del COVID-19.
A estos se suman, las donaciones efectuadas por Taiwán de $1 millón y $8.9 millones de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
En contraste con sus vecinos centroamericanos, Honduras dispone de una monumental cartera de al menos L92,807 millones de lempiras ($3,742 millones), entre fondos aprobados del presupuesto nacional, donaciones, financiamientos externos y autorizaciones para adquirir nuevos préstamos para atender la emergencia derivada de la pandemia del COVID-19.
La cifra es mucho mayor a los presupuestos aprobados por sus vecinos más cercanos, en este caso El Salvador que aprobó para la gestión de la emergencia del coronavirus unos $2,000 millones, mientras Guatemala dispuso de una cartera global de al menos $2,025 millones.
Solamente en fondos aprobados por los organismos multilaterales de financiamiento y donaciones de países amigos (BID, FMI, Banco Mundial, BCIE, Taiwán y Usaid), el Gobierno hondureño dispone de alrededor de $582.4 millones (L14,443 millones).
| 109,721
Millones de lempiras.Es la meta de recaudación de las autoridades tributarias para el ejercicio 2020, pero se supone que no se cumplirá por el desplome de la economía.
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Hasta el 12 de abril pasado, el Gobierno hondureño había ejecutado un presupuesto de alrededor de L2,200 millones en compras e inversiones para atender la emergencia a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la Secretaría de Salud e Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
| 8,143
Millones de lempiras.Es el monto de la recaudación obtenida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) entre enero y febrero del año en curso.
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Danza de millones
Desde que la pandemia comenzó a amenazar las fronteras del país, el Gobierno adoptó varias medidas presupuestarias para hacer frente a las diferentes intervenciones sanitarias, sociales y económicas derivadas del COVID-19.Fue así que el 13 de marzo, el Congreso Nacional aprobó una partida de $502 millones, unos L12,400 millones, bajo el amparo de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus.
| IAIP emplaza a entes ejecutores
1- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emplazó a las instituciones que componen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y las demás unidades ejecutoras a publicar a más tardar el próximo sábado toda la información relacionada con las compras realizadas durante la emergencia.
La decisión se adoptó luego de trascender que varios artículos como percoladoras, televisores, dispensadores de agua y otros artículos fueron supuestamente sobrevalorados. El pleno del IAIP también tomó la decisión de reactivar las solicitudes de acceso a la información pública que había sido suspendido por la emergencia. Se ordenó a los oficiales de información pública a integrarse a sus labores y atender las solicitudes de inmediato. |
En un informe de análisis y propuestas con motivo de la pandemia, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) precisa también que el 10 de febrero, mediante decreto ejecutivo PCM 005-2020, se aprobaron L110 millones destinados para combatir el dengue y la posible llegada del COVID-19. Estos fondos fueron destinados a Copeco.
Luego el titular del Ejecutivo solicitó al Congreso la aprobación de L623 millones como una línea directa para la compra de trajes de protección, hospitales móviles, respiradores mecánicos, remodelación de salas, camas, indumentaria, termómetros y contratación de personal. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado información de esos recursos aprobados. Posteriormente, el 17 de marzo se publicó el decreto ejecutivo PCM-020-2020 donde se ordenó a la Secretaría de Finanzas destinar el 2% del Presupuesto General de la República, unos 3,686 millones de lempiras, para atender la emergencia.
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Dante Mossi, presidente del BCIE, precisó a LA PRENSA que del paquete de $1,900 millones aprobados por ese organismo para el istmo, más de $250 millones estarán destinados a Honduras, de la siguiente forma: $200 millones para el Banco Central de Honduras, $50 millones para la Secretaría de Finanzas y $350 millones para el sector privado de toda la región. Además de $1 millón en emergencia para el Sinager y la donación de los kits de prueba por una cantidad aproximada de $300,000 por cada país.
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En conclusión, el Fosdeh estima que el Gobierno ha destinado o conseguido a través de transferencias y donaciones un monto de L80,640.71 millones, unos $3,240.1 millones, dirigidos principalmente para atenuar las consecuencias del COVID-19. Sin embargo, datos obtenidos y actualizados por LA PRENSA establecen que la cifra es mucho mayor y a la fecha ya ronda los L92,807 millones, unos $3,742 millones.
LEA: Tras polémicas compras, suspenden a administrador de Copeco
Ismael Zepeda, economista del Fosdeh, dijo que el 80% y 85% de todo ese presupuesto es dinero virtual, es decir, que son fondos que la Secretaría de Finanzas deberá gestionar ante la banca y organismos internacionales, entre ellos, los $2,500 millones aprobados por el Congreso.
Zepeda advirtió que debido a la crisis y la caída de ingresos será imposible que el Gobierno pueda cumplir con la meta de ingresos fiscales, por lo que tendrá que recurrir al endeudamiento externo en esos montos para afrontar la emergencia.
