Tegucigalpa
Este jueves continúa la audiencia preliminar contra Roberto David Castillo Mejía, acusado por el Ministerio Público a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.
David Castillo, de profesión ingeniero eléctrico, era el presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. ( DESA), en el momento que la defensora de los indígenas Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de La Esperanza, Intibucá.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ( FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ( Atic), mediante dictamen pericial de vinculación telefónica, ha logrado concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre Castillo Mejía y el exmilitar Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la ambientalista.
Este jueves continúa la audiencia preliminar contra Roberto David Castillo Mejía, acusado por el Ministerio Público a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.
David Castillo, de profesión ingeniero eléctrico, era el presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. ( DESA), en el momento que la defensora de los indígenas Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de La Esperanza, Intibucá.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ( FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ( Atic), mediante dictamen pericial de vinculación telefónica, ha logrado concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre Castillo Mejía y el exmilitar Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la ambientalista.
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'En dichas comunicaciones, los imputados dan seguimiento al plan de asesinato. Asimismo, con pruebas complementarias, se pudo establecer un pago de 500 mil lempiras de Castillo Mejía para los sicarios', indica el texto.
Añaden que 'en este caso, pese a que la audiencia preliminar inició en fecha 24 de septiembre de 2019, la misma todavía no finaliza por dilaciones en la contestación de cargos de la defensa del encausado'.
El pasado 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declararon culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Público acusó como autores materiales e intelectuales intermedios del asesinato.
El debate se desarrolló en cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.
Los sentenciados por este crimen son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
La investigación en esta causa inició desde el 3 de marzo de 2016, fecha en que se conoció la noticia sobre el crimen de la líder ambientalista e indígena y en la que el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un equipo multidisciplinario, que en tiempo record logró recolectar la prueba técnica y científica, útil, pertinente y proporcional para llevar el caso a los tribunales y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.
