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Corrupción: como piñata se repartieron las reservas de Tela

Funcionarios del INA emitieron contra la ley títulos de tierras a agricultores en áreas protegidas y, ahora, años después, los dueños son otras personas.

Más plantaciones de palma aceitera han aparecido en la zona de amortiguamiento de Punta Izopo. Fotos: M. cubas
Más plantaciones de palma aceitera han aparecido en la zona de amortiguamiento de Punta Izopo. Fotos: M. cubas

TELA, ATLÁNTIDA.

El 24 de enero de 2006, en medio de la algarabía del cambio de Gobierno, un funcionario de iniciales FA del Instituto Nacional Agrario (INA) le extendió al agricultor de iniciales RFF un título definitivo de propiedad de 98 hectáreas (141 manzanas de tierra) en el caserío Cola de Mico, Tornabé, Tela.

Según el “testimonio” del “instrumento número 11”, cuya copia conoció Diario LA PRENSA, el agricultor RFF solicitó la adjudicación en 2004 al INA en La Ceiba y, dos años después, “en tránsito” por Tegucigalpa, recibió el documento que lo acreditó como dueño de ese vasto terreno, equivalente a unos 100 campos de fútbol.

En ese documento, el INA hace referencia a un “caserío”, pero Cola de Mico es un cayo habitado por unas seis personas.

Acuerdo internacional Punta Izopo y el Jeanette Kawas están en la lista del Convenio de Ramsar.

Realmente, lo que el INA le entregó al agricultor es un extenso territorio de humedales y áreas de fauna y flora en extinción ubicado dentro de la zona núcleo del parque nacional Jeanette Kawas (antes parque nacional Punta Sal).

En diciembre de 1994, el Congreso Nacional aprobó la ley de creación del parque nacional Punta Sal “para conservar a perpetuidad los ecosistemas existentes (...) como los bosques húmedos tropicales, lagunas costeras, pantanos, manglares, arrecifes coralinos, playas arenosas, playas rocosas y las especies que habitan”.

Claves
1-El Presidente no ha dado una respuesta Hace unos seis meses, la Corporación Municipal de Tela le envió una carta al presidente Juan Orlando Hernández para que tome medidas contra el cultivo de palma en la zona núcleo de los parques; pero no ha actuado.

2-El pueblo deberá tomar decisiones
Tela realizará un cabildo abierto la segunda semana de octubre para tomar decisiones.

No obstante, violando el artículo 12, el cual advierte que esas zonas son “inalienables”, el INA otorgó ese título para que otras personas se repartieran a destajo la tierra.

“Al señor lo engañaron. Le dieron un poquito de dinero y ahora hay muchas personas que dicen que son dueñas. Lamentablemente, él murió en la pobreza en otra aldea, solo lo utilizaron para repartirse las tierras”, según una fuente.

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Hace una semana, un incendio afectó una gran parte de Punta Izopo, mientras las plantaciones de palma aceitera siguen devorando las áreas de amortiguamiento y núcleo de este parque nacional.

Mientras en el parque Jeanette Kawas muchos se disputan la zona núcleo, en el parque nacional Punta Izopo otras personas particulares compran y venden (sin restricciones) tierras protegidas por la Ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre.

Por ejemplo, en abril de 2011, los ciudadanos de iniciales ILC y JEL firmaron un documento privado de compra y venta de un terreno de 1,138 varas cuadradas en Río Plátano, Arizona, ubicado dentro de la zona núcleo del parque nacional Punta Izopo, declarado área natural protegida en marzo de 2001.

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Evidencia. Un funcionario del INA extendió este título en 2006 a un agricultor por 98 hectáreas, ahora en manos de otras personas.

Para Francois Ligeard, directivo de Amigos de los Arrecifes de Tela, Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate) y presidente de la comisión municipal ambiental, el Gobierno debe investigar y revelar los nombres de funcionarios que emitieron títulos de forma fraudulenta.

“El Gobierno debe nombrar una comisión para saber qué ha sucedido en los dos parques nacionales de Tela, debe investigar cómo dieron los títulos de propiedad, las oficinas del Estado que lo hicieron, qué documentos extendieron, los nombres de las personas que emitieron títulos, los usufructos y de qué forma dejaron un vacío legal para que los vendieran y los utilizaran para otros intereses”, opina.

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Está convencido de que “hay mafias que, por décadas, se han reunido y repartido los parques y desgraciadamente están logrando sus objetivos (...)”.

En esas mafias -dice- hay políticos y funcionarios corruptos, narcotraficantes, hay empresarios que quieren desarrollar proyectos turísticos y cultivar más palma aceitera”.

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Una fuente consultada por Diario LA PRENSA, la cual solicitó el anonimato, recuerda que un funcionario del gobierno de Ricardo Maduro obtuvo ilegalmente tierras en Punta Izopo y estima que, en los últimos 20 años, funcionarios del INA y de la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) participaron en la emisión de por lo menos 30 títulos fraudulentos. Algunos de esos documentos están en poder del Ministerio Público.

La lucha

En 1995, cuando lideraba una lucha para que empresas de palma aceitera no invadieran las zonas protegidas, sujetos armados asesinaron a la ambientalista Jeanette Kawas.

A 24 años de ese crimen, los ambientalistas de Tela lamentan que las autoridades no hayan capturado a los autores materiales e intelectuales y que el Gobierno siga siendo apático en la protección de esas zonas.

Hugo Varela, quien es abogado y en los años 90 ocupó la presidencia de Prolansate tras la muerte de Kawas, afirma que “el mayor responsable es el INA.

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Sus directores han visto a Tela como un botín que se lo pueden distribuir y les genera inmensas ganancias (…)”. “Las autoridades de Cohdefor emitieron títulos de usufructo a personas que no estaban en el censo levantado cuando el Congreso Nacional declaró los parques (…). El ICF ha emitido nuevos títulos de usufructo a personas que no tienen nada que ver con Tela. La vez pasada, la oficina del ICF de Tela denegó un traspaso, pero la oficina de ICF de Tegucigalpa lo aprobó”, argumenta.

Varela cree que la deforestación y los incendios desaparecerían si “el Congreso aprueba una ley para eliminar todos los títulos emitidos por el INA (posteriores a la declaración de los parques nacionales) y la destruye la palma aceitera ilegal”.