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Condenan a exdirectivos de Comixmul por lavado de activos y delitos financieros

  • 09 septiembre 2019 /

Se presume que se habrían apropiado de un monto hasta por 52 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras

En juicio oral y público, autoridades del Ministerio Público lograron que un Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional dictara fallo condenatorio contra seis exdirectivos de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul), con sede en Siguatepeque, quienes habíab sido enjuiciados por delitos financieros y lavado de activos.

Por lavado de activos, fueron condenas las hermanas Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra, además de Isidro Domínguez Velásquez y Martha Alicia Hérnandez Zepeda.

Por los delitos de fraude continuado y ocho delitos de operaciones financieras ilícitas, los fiscales obtuvieron la condena de las hermanas López Sierra, Isidro Domínguez Velásquez, Martha Alicia Hernández Zepeda, Victoria del Carmen Flores y Javier Aníbal Zelaya Ochoa.

De acuerdo a la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), entre los años 2012 y 2014, algunos directivos de la Comixmul, habrían cometido los delitos en mención en perjuicio de la mencionada Cooperativa y del Sistema Financiero y la Administración Pública.

En esta primera línea de investigación se presume que estas personas se habrían apropiado de al menos 52 millones de lempiras, cifra que obtuvieron mediante la emisión de cheques por grandes cantidades y utilizaban a personal de seguridad y aseo para cambiarlos.

Se constató que los directivos de esta cooperativa hacían caso omiso a las regulaciones del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), además de no permitir la auditoría de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) al no seguir los lineamientos que regulan el sistema financiero.

Consucoop interpuso la denuncia ante el Ministerio Público luego de un informe de la CNBS en el cual constataba una serie de irregularidades en Comixmul.

En mayo de 2018 se desarrolló la Operación “Rescate” mediante la cual se aseguraron 51 bienes inmuebles, muebles y cuatro sociedades mercantiles, distribuidas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle.