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Un oficial acusado de narco sigue con salario de la Policía

Agentes y oficiales que ya habían sido cancelados seguían activos y recibiendo sus sueldos. Al menos 70 policias fueron separados en los últimos días por la comisión de depuración

Con el proceso de depuración han quedado en la institución los agentes y oficiales con idoneidad. Foto archivo.
Con el proceso de depuración han quedado en la institución los agentes y oficiales con idoneidad. Foto archivo.

Tegucigalpa, Honduras

Al menos 70 agentes y oficiales fueron separados del estamento policial hondureño en los últimos días, varios de los cuales ya habían sido expulsados por la comisión depuradora pero, inexplicablemente, seguían activos en la institución percibiendo sus pagos mensuales, confirmó una fuente oficial.

Mandato
La Comisión Especial de Depuración culminará su mandato en enero del próximo año y ese trabajo lo asume la Didadpol.

Dentro de ese grupo, los interventores exigieron la inmediata cancelación de un oficial con rango de inspector, a quien hace 13 años se le abrió un expediente y una causa judicial por narcotráfico, pero ha seguido recibiendo religiosamente su sueldo.

Bajo el procedimiento excepcional que se le otorgó a la comisión interventora, este oficial debió abandonar las filas policiales desde hace mucho tiempo, sin embargo, sigue con un cargo en la Policía y, además, recibe un sueldo de 21,000 lempiras mensuales.

La fuente indicó que inexplicablemente el inspector ha seguido activo y la dirección de personal de la Policía no ha procedido a entablar el trámite administrativo para ejecutar su despido, bajo el argumento de que lo ampara la vieja Ley Orgánica de la Policía, que establece que la separación de un oficial solo se concretará cuando exista una sentencia firme de un tribunal de justicia.

La fuente indicó que este y otros 20 casos similares que se encontraban en reposo médico o que presentaron incapacidades médicas para evitar su despido, provocaron el malestar de los interventores, quienes en una reunión reclamaron a la cúpula policial que estas personas siguieran cobrando un salario en la institución.

Cronología

7 abril de 2016
Emergencia. A raíz de una publicación del diario New York Times que sacó a luz la implicación de policías en crímenes de alto impacto, narcotráfico y crimen organizado, el Congreso Nacional aprobó la depuración de la Policía.

12 de abril de 2016
Comisión. El presidente Juan Orlando Hernández nombra a los notables Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y Omar Rivera como responsables de dirigir el tortuoso proceso de depuración de la Policía Nacional.

18 enero 2018
Ampliación. Con más de 80 votos, los diputados del Congreso Nacional prorrogaron por otro año más las funciones de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

LA PRENSA consultó a los miembros de la comisión depuradora, pero estos se abstuvieron de referirse al tema aduciendo que había un proceso en curso y estaban a la espera de resultados de las autoridades de la Secretaría de Seguridad.

Clave
Policías que fueron expulsados no habían sido separados por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía.

También se pidió la opinión del secretario de Seguridad, Julián Pachecho Tinoco, pero él respondió que no tenía esos datos a mano y recomendó consultar al director de Recursos Humanos de la Policía, comisionado Leonel Sauceda Guifarro.

“Hay gente muy peligrosa dentro de la Policía que habían sido separados, pero seguían activos en condición de reposo, con constancias médicas y recibiendo sus salarios, entre ellos dos hermanos que tenían investigaciones relacionadas con crimen organizado y sicariato, que afortudamente en esta última orden fueron cancelados de la institución”, reveló la fuente.

Notificados

También dijo que otro grupo de agentes y oficiales separados en la última sacudida del estamento policial fueron ratificados en una primera evaluación, pero en el siguiente proceso de evaluación perdieron su idoneidad al resultar aplazados en las pruebas de confianza a las que fueron sometidos, motivo por el cual se solicitó la destitución.

Dato
Muchos de los oficiales y agentes que seguían activos tras ser cancelados presentaron incapacidades médicas.

Se informó que la mayoría de los agentes y oficiales separados en las últimas semanas ya fue notificada y, a casi todos, ya se les canceló sus derechos laborales, pero todavía quedan unos 20 agentes que están pendientes de recibir su despido, puesto que han presentado constancias de incapacidad y reposo médico y debe agotarse el procedimiento administrativo para proceder con el despido.

Desde que se inició el proceso de depuración policial en abril de 2016 se han separado a más de 5,000 miembros de la Policía y se ha pagado un poco más de 800 millones de lempiras en prestaciones y derechos laborales.

La comisión de depuración presentó recientemente al Ministerio Público los expedientes de al menos 1,000 policías implicados en faltas y delitos de índole penal.

Actualmente, ocho expolicías también enfrentan juicios en tribunales de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Didadpol todavía no arranca

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) todavía no arranca a pesar de que ya se cumplen un poco más de dos meses de que su director ejecutivo fue juramentado por el presidente Juan Orlando Hernández.

El cargo recayó en el profesional del derecho Allan Argeñal Pinto, quien surgió de una propuesta formulada por los miembros de la Comisión de Depuración.

De hecho, después de varios meses de haber entrado en funcionamiento, esta unidad especial que investiga la conducta de los policías, todavía no ha designado al subdirector.

Una fuente del Gobierno dijo que hay mucha preocupación en los depuradores porque la Didadpol aún no emprende sus propias investigaciones de policías involucrados en actos ilícitos.

La Didadpol es la entidad encargada de investigar todas las faltas cometidas de los miembros de la carrera policial y empleados de la Secretaría de Seguridad. Este organismo sustituye a la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la cual mediante un mandato “híbrido” realizaba pruebas de confianza e investigaba las faltas de elementos policiales; sin embargo, no tenía un mandato directo para tomar medidas disciplinarias sobre las mismas.