Tegucigalpa, Honduras.
El juez natural Rafael Bustillo dictó ayer sobreseimiento definitivo para Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, y auto de formal procesamiento contra el diputado Román Villeda, a quienes el Ministerio Público acusó por el caso Pacto de impunidad, llamado también Fe de erratas.
Con ojos llorosos, el legislador Zambrano dijo a periodistas, tras conocer el fallo a su favor, que está agradecido con Dios “primero porque es un Dios de justicia que no desampara a sus hijos”.
Los dos parlamentarios nacionalistas fueron procesados por abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno porque, según el requerimiento fiscal, participaron en la aprobación de un pasaje de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que no fue discutida.
El requerimiento fue presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público.
Román Villeda, prosecretario, en la sesión del 18 de enero de 2018 de la pasada legislatura (2014-2018) leyó el proyecto de reforma. No obstante, el decreto presupuestario publicado contiene el artículo 131-A, que no fue discutido por el pleno del Congreso y que ordena suspender acciones criminales contra parlamentarios por uso de recursos para ayudas sociales mientras esos fondos son auditados por el Tribunal Superior de Cuentas.
Después, en febrero, el Congreso suprimió el artículo 131-A mediante una fe de erratas.
Zambrano remarcó que la eliminación de texto por medio de la fe de erratas fue una “función meramente legislativa” y en ello no hay nada ilegal.
“Si a un diputado se le condena por hacer una ley y una fe de erratas serían unos antecedentes nefastos”, expresó Zambrano.
No obstante, el Ministerio Público ha aclarado que el requerimiento fiscal se interpuso por los hechos que generaron la publicación del artículo sin que fuera discutido y no por la fe de erratas. Una periodista le preguntó a Zambrano sobre qué papel tuvo, aparte de votar a favor o en contra de la legislación, en la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, a lo cual contestó que “lo que aprobamos son leyes”.
Medidas a Villeda
En ese sentido, subrayó que la función de un diputado es aprobar, interpretar y derogar las leyes, y que cuando el Poder Legislativo crea una norma, esta no puede ser declarada ilícita.
Mientras, el diputado Román Villeda se podrá defender en libertad porque se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Una vez por semana, el diputado Villeda tendrá que firmar un libro de control en un juzgado de Ocotepeque, donde tiene su residencia, para garantizar su presencia en el juicio, que continuará con la audiencia inicial.
Villeda aclaró que él no leyó el artículo 131-A de la reforma porque no estaba en el proyecto y que no sabe por qué esa parte fue publicada.“Solo hice una labor mecánica de leer”, manifestó, al tiempo que anunció que presentará una apelación contra el auto de formal procesamiento. El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, indicó que el fallo del juez natural se basó en un análisis de la “mínima actividad probatoria” presentada en el juicio.
El juez natural Rafael Bustillo dictó ayer sobreseimiento definitivo para Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, y auto de formal procesamiento contra el diputado Román Villeda, a quienes el Ministerio Público acusó por el caso Pacto de impunidad, llamado también Fe de erratas.
Con ojos llorosos, el legislador Zambrano dijo a periodistas, tras conocer el fallo a su favor, que está agradecido con Dios “primero porque es un Dios de justicia que no desampara a sus hijos”.
Los dos parlamentarios nacionalistas fueron procesados por abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno porque, según el requerimiento fiscal, participaron en la aprobación de un pasaje de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que no fue discutida.
El requerimiento fue presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público.
Román Villeda, prosecretario, en la sesión del 18 de enero de 2018 de la pasada legislatura (2014-2018) leyó el proyecto de reforma. No obstante, el decreto presupuestario publicado contiene el artículo 131-A, que no fue discutido por el pleno del Congreso y que ordena suspender acciones criminales contra parlamentarios por uso de recursos para ayudas sociales mientras esos fondos son auditados por el Tribunal Superior de Cuentas.
Después, en febrero, el Congreso suprimió el artículo 131-A mediante una fe de erratas.
Zambrano remarcó que la eliminación de texto por medio de la fe de erratas fue una “función meramente legislativa” y en ello no hay nada ilegal.
“Si a un diputado se le condena por hacer una ley y una fe de erratas serían unos antecedentes nefastos”, expresó Zambrano.
No obstante, el Ministerio Público ha aclarado que el requerimiento fiscal se interpuso por los hechos que generaron la publicación del artículo sin que fuera discutido y no por la fe de erratas. Una periodista le preguntó a Zambrano sobre qué papel tuvo, aparte de votar a favor o en contra de la legislación, en la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, a lo cual contestó que “lo que aprobamos son leyes”.
Medidas a Villeda
En ese sentido, subrayó que la función de un diputado es aprobar, interpretar y derogar las leyes, y que cuando el Poder Legislativo crea una norma, esta no puede ser declarada ilícita.
Mientras, el diputado Román Villeda se podrá defender en libertad porque se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Una vez por semana, el diputado Villeda tendrá que firmar un libro de control en un juzgado de Ocotepeque, donde tiene su residencia, para garantizar su presencia en el juicio, que continuará con la audiencia inicial.
Villeda aclaró que él no leyó el artículo 131-A de la reforma porque no estaba en el proyecto y que no sabe por qué esa parte fue publicada.“Solo hice una labor mecánica de leer”, manifestó, al tiempo que anunció que presentará una apelación contra el auto de formal procesamiento. El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, indicó que el fallo del juez natural se basó en un análisis de la “mínima actividad probatoria” presentada en el juicio.
