Tegucigalpa, Honduras.
Luego de una rigurosa investigación, la Unidad Fiscal contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP) presentó ayer un requerimiento fiscal en contra de los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.
La acusación se fundamenta en la polémica reforma a la Ley General del Presupuesto aprobada por los diputados el 18 de enero pasado, y que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) calificó como un “ pacto de impunidad” para proteger a funcionarios corruptos.
La Maccih y la Ufecic-MP concluyeron que existen indicios suficientes de la aprobación anómala de la reforma a la Ley de Presupuesto.
“Los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso Nacional con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos”, señala la Maccih en un comunicado.
Este caso denominado el “pacto de impunidad” se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la Maccih y la Ufecic presentaron requerimiento fiscal contra los diputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleázar Juárez Saravia por malversación de caudales públicos.
La audiencia inicial contra los antes mencionados estaba en trámite cuando el Poder Legislativo aprobó la referida reforma que contenía disposiciones distintas a las aprobadas en el pleno de diputados.
“La Maccih ha tenido acceso al video correspondiente a la sesión del Congreso Nacional en la cual se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018 (Decreto No. 141-2017), en donde se constata que el texto publicado en el diario oficial La Gaceta no es el mismo que aprobaron los diputados en ese acto”, denunció en aquel momento Juan Jiménez Mayor, quien era el portavoz de la Maccih.
Ante ese hecho y las denuncias públicas, la secretaría del Congreso emitió una fe de erratas publicada el 26 de enero de 2018 en La Gaceta, argumentando que lo ocurrido era producto de un “simple error” y no de un acto premeditado.
Sin embargo, la Ufecic señaló que esa fe de erratas contiene modificaciones que no fueron leídas ni aprobadas en el pleno del Congreso Nacional, por lo que el equipo de investigación de la Ufecic y la Maccih decidió formular la acusación contra los dos diputados por los delitos antes mencionados.
Debido proceso
Al respecto, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que toda acusación debería de estar revestida de los principios básicos exigidos por el Código Procesal Penal.
“Todos los ciudadanos, hombres o mujeres, hondureños o extranjeros que cometemos presuntos delitos estamos sujetos a una acusación”, opinó con respecto al caso de los dos diputados.
El magistrado presidente ilustró que si se concreta la admisibilidad de la acusación formulada por el MP, lo que sigue es materializar las audiencias y todo lo que conlleva los principios procesales.
Luego de una rigurosa investigación, la Unidad Fiscal contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP) presentó ayer un requerimiento fiscal en contra de los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.
La acusación se fundamenta en la polémica reforma a la Ley General del Presupuesto aprobada por los diputados el 18 de enero pasado, y que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) calificó como un “ pacto de impunidad” para proteger a funcionarios corruptos.
La Maccih y la Ufecic-MP concluyeron que existen indicios suficientes de la aprobación anómala de la reforma a la Ley de Presupuesto.
“Los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso Nacional con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos”, señala la Maccih en un comunicado.
Este caso denominado el “pacto de impunidad” se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la Maccih y la Ufecic presentaron requerimiento fiscal contra los diputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleázar Juárez Saravia por malversación de caudales públicos.
La audiencia inicial contra los antes mencionados estaba en trámite cuando el Poder Legislativo aprobó la referida reforma que contenía disposiciones distintas a las aprobadas en el pleno de diputados.
“La Maccih ha tenido acceso al video correspondiente a la sesión del Congreso Nacional en la cual se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018 (Decreto No. 141-2017), en donde se constata que el texto publicado en el diario oficial La Gaceta no es el mismo que aprobaron los diputados en ese acto”, denunció en aquel momento Juan Jiménez Mayor, quien era el portavoz de la Maccih.
Ante ese hecho y las denuncias públicas, la secretaría del Congreso emitió una fe de erratas publicada el 26 de enero de 2018 en La Gaceta, argumentando que lo ocurrido era producto de un “simple error” y no de un acto premeditado.
Sin embargo, la Ufecic señaló que esa fe de erratas contiene modificaciones que no fueron leídas ni aprobadas en el pleno del Congreso Nacional, por lo que el equipo de investigación de la Ufecic y la Maccih decidió formular la acusación contra los dos diputados por los delitos antes mencionados.
Debido proceso
Al respecto, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que toda acusación debería de estar revestida de los principios básicos exigidos por el Código Procesal Penal.
“Todos los ciudadanos, hombres o mujeres, hondureños o extranjeros que cometemos presuntos delitos estamos sujetos a una acusación”, opinó con respecto al caso de los dos diputados.
El magistrado presidente ilustró que si se concreta la admisibilidad de la acusación formulada por el MP, lo que sigue es materializar las audiencias y todo lo que conlleva los principios procesales.
