Carolina Luisa Margarita Grimaldi, princesa de Mónaco y duquesa de Valentinosis, nació en el palacio del Principado de Mónaco, a las 9.27 horas del día 23 de enero de 1957. Es hija de Rainiero III de Mónaco y de la princesa Grace Kelly.
Carolina de Mónaco, que hoy cumple 50 años, acaparó la atención de la sede del Consejo de Europa durante su visita de trabajo como presidenta de la Asociación Mundial de Amigos de la Infancia, Amade.
En su intervención, la princesa de Hannover propuso que 'los crímenes contra los niños sean considerados crímenes contra la humanidad' y defendió derechos universales de los niños, como la sanidad y la educación, y la prioridad de luchar contra el trabajo infantil.
Pasadas las nueve de la mañana, decenas de funcionarios se arremolinaron en la entrada del edificio, para ver de cerca a la también princesa de Hanover y poderla retratar con los teléfonos móviles, que compitieron con los fotógrafos profesionales.
Aunque, todos aseguraron, que la espera fue recompensada al ver aparecer a la princesa, vestida elegante, pero informal, con chaqueta larga y falda oscura, y blusa color crema, sin apenas maquillaje y dando la sensación de no haber pasado por la peluquería.
La visita de trabajo de Carolina de Mónaco consistió en una alocución ante la Asamblea Parlamentaria, en su condición de presidenta de Amade, una ONG que creó su madre, la princesa Grace, en 1963.
En su discurso la princesa, muy comprometida con los derechos de los niños, especialmente en aquellos lugares donde hay conflictos armados, no olvidó citar los ejemplos de su padre, el difunto Rainiero, y su hermano y soberano del micro Estado de la Costa Azul, Alberto II de Mónaco, que 'siempre estuvieron implicados en esta causa'.
La princesa repitió la voz de alarma que lanzó Amade hace cinco años, y que -dijo- sigue vigente, por los derechos de los niños 'a no sufrir, a no ser violados, a no ser secuestrados, a no sufrir abusos y a no ser olvidados'.
Después Carolina asistió interesada al debate de los legisladores del Consejo de Europa sobre el informe titulado 'Víctimas infantiles: erradiquemos todas las formas de violencia, de explotación y de abuso', y permaneció en su escaño durante el discurso del primer ministro belga, Guy Verhofstadt.
La visita finalizó con el lanzamiento de la acción europea del reciente estudio de la ONU sobre la violencia hacia los niños.
Carolina de Hanover recibió un inmenso ramo de flores y se fotografió con los máximos responsables del Consejo de Europa, organización de fomento de los derechos humanos y la democracia.
Junto a la princesa, intervino la directora general de Unicef, Ann M. Veneman, quien defendió un marco jurídico nacional para 'prohibir los castigos corporales en las escuelas' y actuar judicialmente contra quienes los cometen.
Veneman incidió en que más de 10 millones de niños menores de ocho años sufren malnutrición y que una de las nueve personas que cada minuto se contagian de sida es un menor de 15 años.
La Asamblea Parlamentaria aprobó una resolución de protección a la infancia por 118 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, mientras que la recomendación salió adelante por 117 votos a favor, 6 en contra y tres abstenciones.
En la resolución se solicita a los 46 Estados miembros del Consejo que ratifiquen los instrumentos jurídicos internacionales para proteger a la infancia, así como la formación de magistrados especializados en víctimas de violencia infantil, y se apuesta por la creación de un defensor del niño.
En la recomendación se pide a los Estados que informen y aconsejen sobre la prevención, detección y represión de abusos.
El ponente, el monegasco Jean-Charles Gardetto, recordó algunos datos del informe Pinheiro de la ONU, según el cual 3.500 niños menores de 15 años son asesinados todos los años en países desarrollados y 225 millones sufren relaciones sexuales forzadas.
Se hizo eco de la denuncia del propio Consejo de Europa de que doce países, entre ellos España, no cumplen el artículo 17 de la Carta Social Europea, referente a que 'los niños y adolescentes tienen derecho a una protección social, jurídica y económica apropiada'.
