Madrid, España.
El cantante Alejandro Sanz apareció esta semana en los alrededores del juzgado de primera instancia número 74 de Madrid con el rostro preocupado y ataviado con unas grandes gafas de sol, así como rodeado de un sinfín de colaboradores, en los minutos inmediatamente anteriores a su comparecencia ante el tribunal en el marco del espinoso enfrentamiento legal que mantiene con su antigua representante, la reputada Rosa Lagarrigue.
Esta es la primera vista oral a la que ha tenido que asistir el intérprete en su condición de acusado tras haber rescindido unilateralmente el contrato que le unía a su antigua mánager en 2016, poniendo así fin a más de 25 años de relación profesional con Lagarrigue.
La decisión que tomó esta de elevar su disputa a la justicia ordinaria -lo más 'triste' que le ha pasado en la vida, aseguraba ella en su momento- se explica con su convencimiento, y el de sus abogados, de que Sanz habría violado los términos del citado contrato, cuya vigencia se extendía hasta 2019, al disolverlo sin acuerdo de por medio entre las partes.
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Según han informado medios españoles como la revista Diez Minutos y el diario digital El Independiente, la empresa de Rosa Lagarrigue, RLM S.A., exigiría al astro de la música el pago de nueve millones de euros a modo de indemnización por los daños y perjuicios que habría causado esta dramática ruptura.
Por su parte, el equipo legal del intérprete madrileño habría insistido ante el juez que la rescisión del contrato se produjo de forma completamente regular y, en consecuencia, se negaría a proporcionar compensación alguna a la firma.
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Al margen de la postura oficial que los letrados de Alejandro Sanz han venido defendiendo desde el comienzo del proceso legal, fuentes conocedoras del caso han revelado a la primera de las publicaciones mencionadas que el artista habría tratado de zanjar el asunto con un pago de cuatro millones de euros a Lagarrigue: una oferta que esta habría rechazado y que, por tanto, habría precipitado su careo en los juzgados.
