Tegucigalpa, Honduras
A cinco días de los comicios generales, dos altas autoridades del sistema electoral alertaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un ‘patrón de asedio institucional’ que, según advirtieron, amenaza la independencia de los órganos responsables del proceso y la estabilidad democrática del país.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, en un ambiente marcado por crecientes tensiones políticas internas y advertencias sobre posibles impactos en la transparencia y la estabilidad del proceso electoral hondureño.
El vicecanciller Gerardo Torres informó que él junto a Mario Morazán (representante de Libre en el Tribunal de Justicia Electoral), Marlon Ochoa (representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral) y Roberto Quezada (embajador de Honduras ante la OEA) representarán a Honduras en la sesión convocada.
Cossette López, consejera propietaria del CNE, envió una carta oficial al presidente del Consejo Permanente, en donde afirmó que el país atraviesa una situación que coincide “plenamente” con las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral de la OEA, la cual advirtió que algunas actuaciones del Ministerio Público pueden vulnerar la autonomía e integridad de los funcionarios electorales.
López señaló que la paralización deliberada del pleno del CNE —provocada, según asegura, por la negativa de un consejero propietario y suplentes afines al partido de gobierno a participar en sesiones clave— ha afectado el cronograma electoral.
También denunció campañas de desprestigio, intervenciones de fiscales y militares en instalaciones del órgano electoral, secuestro de documentos, decomiso de teléfonos y actos de intimidación contra empleados.
A ello sumó acciones penales vinculadas al proceso de primarias, denuncias reiteradas ante el Ministerio Público y pronunciamientos del fiscal general que, afirma, adelantan criterios incriminatorios con información “no verificada o de origen ilícito”.
La consejera denunció además bloqueos a instalaciones del CNE por simpatizantes del oficialismo y solicitudes inusuales de investigación por parte de las Fuerzas Armadas que —según dijo— contravienen su rol constitucional.
Agregó que el contexto trasciende al CNE y forma parte de una “afectación al orden constitucional”, mencionando que el Congreso Nacional ha sido mantenido en receso de manera incompatible con la Constitución; que se ha intentado suplantarlo mediante una Comisión Permanente; y que el prolongado estado de excepción continúa restringiendo derechos fundamentales en un momento crítico del calendario electoral.
A su criterio, estos elementos encajan en lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana, relativos a alteraciones del orden democrático.
En ese sentido, formuló cinco solicitudes a la OEA: que el Consejo Permanente tome conocimiento formal de la situación; que se garantice la participación de las autoridades legítimas del sistema electoral en la sesión extraordinaria; que se activen los mecanismos de la Carta Democrática; que se desplieguen buenos oficios para restablecer el funcionamiento pleno del sistema electoral y del Poder Legislativo; y que se emitan recomendaciones al Estado hondureño para asegurar condiciones democráticas antes de los comicios del 30 de noviembre.
Crisis en el Tribunal de Justicia Electoral
Mario Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), también remitió una carta al titular del Consejo Permanente en la que advierte que el proceso electoral atraviesa una situación similar de “asedio institucional”.
El magistrado coincidió con las preocupaciones expresadas por la MOE/OEA y afirmó que los episodios recientes en el tribunal reflejan un deterioro de su independencia.
Flores Urrutia denunció la paralización del pleno del TJE por la negativa de un magistrado propietario y suplentes afines al partido de gobierno a sesionar, así como declaraciones públicas “difamatorias” orientadas a erosionar su credibilidad.
También señaló el ingreso irregular de agentes del Ministerio Público a sus instalaciones, hostigamiento y vigilancia hacia magistrados, presión indebida en decisiones jurisdiccionales y procesos penales que —según él— están dirigidos a influir en la labor del tribunal.
Asimismo sostuvo que el país experimenta alteraciones del orden constitucional. Citó como ejemplo el receso prolongado del Congreso Nacional, en aparente contradicción con el artículo 189 de la Constitución, y la actuación de la Comisión Permanente, que —aseguró— pretende sustituir las funciones del pleno legislativo, contraviniendo el principio de independencia de poderes establecido en el artículo 4.
Sumó, además, los efectos del estado de excepción prolongado, que ha limitado derechos fundamentales durante el proceso electoral.
El magistrado advirtió que estos hechos se alinean con las disposiciones de los artículos 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana y solicitó a la OEA que active los mecanismos correspondientes, incluyendo visitas, verificaciones y gestiones diplomáticas.
También pidió asegurar la participación de las autoridades electorales en la sesión extraordinaria y desplegar buenos oficios para restablecer el funcionamiento institucional tanto del sistema electoral como del Poder Legislativo.
