Tegucigalpa, Honduras.
El Instituto de la Propiedad (IP) en conjunto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y fiscales de Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP) desarrollaron una capacitación técnica sobre la supervisión a los operadores de televisión por cable.
En la jornada se intercambiaron conocimientos técnicos y legales para sancionar a los sistemas de televisión (cableoperadores) que transmiten señales de televisión sin los derechos respectivos.
El IP dio a conocer que hasta la fecha se han impuesto 167 sanciones administrativas a diferentes sistemas de televisión equivalentes a 12 millones de lempiras.
Esto por transmitir señales televisivas sin contar con la autorización de los titulares del derecho.
Las multas impuestas por las autoridades del IP oscilan entre 10 y 200 salarios mínimos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor. En caso de reincidencia se impondrá el doble de la multa y la suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso concedido para operar.
El Instituto de la Propiedad (IP) en conjunto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y fiscales de Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP) desarrollaron una capacitación técnica sobre la supervisión a los operadores de televisión por cable.
En la jornada se intercambiaron conocimientos técnicos y legales para sancionar a los sistemas de televisión (cableoperadores) que transmiten señales de televisión sin los derechos respectivos.
El IP dio a conocer que hasta la fecha se han impuesto 167 sanciones administrativas a diferentes sistemas de televisión equivalentes a 12 millones de lempiras.
Esto por transmitir señales televisivas sin contar con la autorización de los titulares del derecho.
Las multas impuestas por las autoridades del IP oscilan entre 10 y 200 salarios mínimos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor. En caso de reincidencia se impondrá el doble de la multa y la suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso concedido para operar.
