SAN PEDRO SULA. La Ley sobre Firmas Electrónicas está vigente, pero no se está aplicando, asegura Jorge Maradiaga, doctor en Derecho Mercantil y notario público.
“La autoridad acreditadora sería la Dirección General de Propiedad Intelectual, que depende del IP, y la autoridad certificadora serían los cibernotarios, pero eso no está ocurriendo todavía”, explica.
En palabras del experto, la firma electrónica es un sistema de acreditación que permite verificar la identidad de las personas con el mismo valor que la firma manuscrita, autentificando las comunicaciones generadas por el firmante. Lo anterior significa una motivación para los inversionistas porque los trámites serían más transparentes y expeditos.
“Solo pensemos en cuántas transacciones operan electrónicamente en Honduras”, reflexiona Maradiaga.
