El gobierno de Porfirio Lobo, en sus tres años de gestión, ha gastado 233,123 millones de lempiras, de acuerdo con las cifras oficiales.
La mayor parte de este endeudamiento proviene principalmente del endeudamiento interno, calculado en 60 mil millones de lempiras.
Pero hay más endeudamiento en camino. Algunos analistas como Arturo Alvarado, exministro de Finanzas, opinan que, en su último año, la actual administración podría llevar el nivel de endeudamiento interno hasta 70 mil millones de lempiras si encuentra quien compre sus instrumentos financieros.
Sin embargo, el gobierno de Porfirio Lobo tiene poco que mostrar por la cantidad dinero que ha gastado.
En algunas áreas, la situación es incluso peor que cuando comenzó su gestión. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el nivel de pobreza en 2010 era de alrededor del 60%, pero un dato más reciente a 2012 sitúa ese nivel en alrededor del 65%.
En inversión pública, la situación no es mejor, como demuestra la paralización de proyectos de construcción de obras públicas, que no han podido completarse por falta de fondos; a la vez, la red vial se encuentra virtualmente destrozada en algunas partes del país, como ocurre en la carretera de occidente y en el departamento de Olancho.
El problema fundamental no radica en la falta de recursos, sino en el uso que se les da.
Roldán Duarte, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), explica que “a nivel general, los sueldos y salarios absorben el 53% en promedio en la administración central, mientras que los servicios no personales (que incluyen viáticos, materiales, compra de equipos) absorben el 37%, por lo que el gasto corriente llega al 90% y lo que el Gobierno invierte en inversión pública es una cantidad mísera”.
Este desequilibrio de los gastos se observa en los últimos presupuestos, que, lejos de reducirse, continúan aumentando.
La situación es particularmente grave en el caso del Presupuesto de 2013, que preveía gastos por 89,276.3 millones de lempiras en momentos en que la falta de acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le mantiene cerradas las puertas del apoyo presupuestario. Sin fuentes de financiamiento, el Congreso Nacional ha pedido recortes de gastos de por lo menos 35 mil millones de lempiras.
La alternativa de deuda
En su afán de agenciarse recursos para cumplir sus múltiples compromisos, el Gobierno recurrió al endeudamiento interno, una fuente que ya comienza a secarse por cuanto le resulta cada vez más difícil colocar sus instrumentos financieros en el mercado interno.
Como alternativa, las autoridades de Finanzas solicitaron y obtuvieron del Congreso Nacional la autorización para emitir hasta 750 millones de dólares en bonos soberanos para ser colocados en los mercados del exterior.
A pesar de las aparentes ventajas de dicha operación, por una parte no está libre de riesgos y por otra no ataca el verdadero problema financiero del Gobierno. “Lo primero que hay que decir es que el Gobierno sigue buscando como única salida del problema fiscal el incremento de la deuda del país y no la reducción de los gastos”, advierte el analista Federico álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
álvarez agrega: “Si no se reduce el gasto, no habrá capacidad para cumplir esas obligaciones porque el problema son los gastos.
Si el Gobierno va a seguir gastando lo que gasta actualmente, de nada sirve conseguir más deuda, sino que se va a seguir endeudando con algo que no va a poder pagar. Tiene que reducir sus gastos, no hay otra manera”.
En un intento de reducir sus gastos, el Gobierno anunció un plan de ahorro por 1,200 millones de lempiras, que entre otras cosas incluía la reducción de salarios para ciertos funcionarios públicos de acuerdo con su nivel salarial.
No obstante, algunos analistas han señalado que tal medida no resulta práctica e incluso es ilegal.
El más reciente capítulo de la historia tiene como protagonista al presidente Porfirio Lobo, quien firmó un Decreto Ejecutivo con el que se evitó la salida de unos 4 mil burócratas del aparato estatal al expirar sus contratos, una recomendación que han dado los expertos para reducir el gasto gubernamental.
Pérdida de disciplina
Duarte observa que los problemas financieros del Gobierno se acentuaron desde el segundo trimestre del año pasado, coincidiendo con la expiración del acuerdo stand-by (de carácter precautorio), firmado con el FMI en octubre de 2010.
“Mientras tuvo vigencia el acuerdo stand-by con el FMI, el comportamiento de gasto del Gobierno fue más disciplinado, pero después de que se terminó se desbordaron las cosas, y más cuando llegó el año político”, dijo Duarte.
El economista vaticina que si no se adoptan medidas correctivas, 2013 podría terminar con un déficit fiscal igual o superior al de 2012, que cerró con un déficit de 6%.
Al cierre del año, los compromisos del Gobierno, solo en salarios, eran de 2,337 millones de lempiras.
Con el fin de obtener la mayor cantidad posible de recursos, el Gobierno espera jugar las pocas cartas que le quedan bajo la manga.
Estas incluyen una meta fiscal de entre 59 mil y 61 mil millones de lempiras y el impulso de los proyectos de reforma fiscal que obliguena los contribuyentes a pagar más impuesto sobre la renta, conocida como la reforma del 1%, como la ley que busca regular o eliminar exoneraciones fiscales.
En un año político y con las finanzas públicas en condición de virtual emergencia parece muy difícil que el Gobierno supere sus números rojos.
Lo que sí es seguro es que pasará a la historia como uno de los que más recursos han consumido.
Las fallas en los presupuestos
En su documento crítico Impunidad, el verdadero problema presupuestario de Honduras, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) explica que el incumplimiento de las leyes y las políticas de manejo de recursos es el principal responsable de los descalabros financieros.
De acuerdo con el documento, los problemas presupuestarios ocurren porque:
1. La violación del principio de “unidad de caja” o “caja única” favorece la creación y dispersión de cajas chicas o asignaciones especiales que se convierten, al final, en una fuente grande de gastos extrapresupuestarios.
2. Existe una sobreestimación de los ingresos fiscales a nivel de presupuesto, lo que no permite una asignación realista de los recursos.
3. Se atenta contra la sostenibilidad del presupuesto al designar cada vez más recursos al pago de la deuda pública. En 2011 representa el 16% del presupuesto y para 2013 casi el 20%, en contraste con la inversión pública, que en promedio es de apenas el 10%.
4. Se comprometen gastos fuera de los recursos del presupuesto cuando lo legal es que todo gasto se realice, siempre que esté contemplado en el presupuesto.
5. Existe debilidad manifiesta en las instancias de control interno y externo de las instituciones públicas y del Gobierno en general. El funcionamiento adecuado de estas instancias imposibilitaría el gasto extrapresupuestario y otros abusos. El buen funcionamiento de estas instancias y de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas también implicaría la deducción de responsabilidades a los que han cometido el abuso, así como aquellos que debieron prevenir o intervenir a fin de evitar los abusos presupuestarios.
6. Existe un abuso de las modificaciones presupuestarias, al grado de establecerlas como regla (un máximo de 40 modificaciones por trimestre, antes de 2012 las modificaciones eran de un número ilimitado) y no como excepciones.
7. Inexistencia de una verdadera política presupuestaria, a la que debe sumarse el proceso de elaboración del presupuesto cada año. Una política que defina con claridad los objetivos de desarrollo para el país y de beneficio para la colectividad de hondureños a fin de evitar las improvisaciones y el gasto sin control.
8. La utilización de recursos y de las instituciones de gobierno como trampolín político, puesto que se orienta todo el quehacer institucional a un fin privado.
9. Las instancias que participan en la confección del presupuesto no están cumpliendo sus funciones. Por ejemplo, no existen orientaciones estratégicas del gabinete económico, el acompañamiento de la Secretaría de Planificación sigue siendo en niveles muy básicos, casi logísticos y la aprobación del Consejo de Ministros, más que un foro de dirección política o un espacio de armonización de la política de gobierno, se convierte en un escenario publicitario.
10. Es un presupuesto que se discute a puertas cerradas, la ciudadanía no participa en el proceso de elaboración del presupuesto, algunos de los documentos que soportan el diseño presupuestario no están disponibles para el público, al grado que el proyecto de presupuesto ha sido declarado “reserva informativa”, por lo que no puede conocerse sino hasta después de presentárselo al Congreso Nacional.
