Pergamino, Argentina.
A lo largo de las principales regiones agrícolas del país, los productores han luchado por años contra el gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, su cosecha récord de soya está dándole un impulso a su némesis, al aumentar las reservas internacionales que son vitales para ayudar al gobierno a evitar otra crisis de divisas. El miércoles, el Banco Central dijo que la cosecha le ayudaría a mantener su nivel actual de reservas, de US$28.000 millones, hasta final de año.
Los cultivadores son conscientes de la ironía: “Uno de cada tres camiones que cargamos va directamente al gobierno”, dijo Carlos Bunge, agricultor y descendiente de la familia que hace 130 años fundó la compañía germano-argentina de comercio de granos. “Uno siente como si estuviera alimentando a un monstruo”.
Con la cosecha en pleno apogeo hasta julio, las exportaciones de soya han generado más de US$8.000 millones y se cree que alcanzarán un récord de US$29.000 millones, según datos oficiales y proyecciones de los analistas.
La soya es el grano más rentable para Argentina, representando cerca de un tercio de las ventas del país al exterior por valor.
Para Argentina, el dinero no podría llegar en mejor momento, a medida que el país enfrenta un enfriamiento de su economía, la tasa de inflación más alta de América Latina después de Venezuela y una aguda escasez de reservas extranjeras, además de un limitado acceso a los mercados financieros internacionales desde su cesación de pagos de 2001.
El gobierno de Fernández de Kirchner ha pedido a los agricultores, contra su voluntad, que vendan sus granos más rápido para evitar una repetición de la desastrosa corrida sobre la moneda ocurrida en enero. Su jefe de gabinete, Jorge Capitanich recientemente se reunió con los principales exportadores del grano en el palacio presidencial para explicar sus argumentos.
“Hay buenos prospectos este trimestre, con muy buenos precios”, dijo Capitanich a reporteros después de la reunión. “Eso significa flujos de capital y empleos”.
No obstante, los agricultores, que aseguran que se sienten afectados por lo que consideran una regulación e impuestos excesivos, están resistiéndose. Los productores están vendiendo parte de su cosecha para pagar deudas después de que el gobierno de Fernández de Kirchner pusiera fin este año a los préstamos subsidiados a la agricultora.
No obstante, los agricultores quieren quedarse con el resto mientras más puedan para protegerse contra la inflación y un previsto debilitamiento del peso argentino, además de aprovechar los precios más altos que se dan después de la cosecha.
“El grano es como tener efectivo debajo del colchón”, dijo el agricultor Francisco Santillán mientras recorría un tramo de un terreno de 2.200 hectáreas que administra en las afueras de Pergamino. “No usamos bancos, usamos silos”.
Las haciendas gigantescas de este rico cinturón agrícola ubicado a unos 240 kilómetros al noroeste de Buenos Aires rodean Pergamino, una ciudad tranquila y conservadora de 100.000 habitantes que viven en casas de ladrillo de una planta y pasean los fines de semanas en una pintoresca plaza central donde se destaca la catedral.
La aparente tranquilidad, no obstante, oculta una tradición rebelde que se remonta al siglo XVII, cuando Pergamino era parte de una ruta clandestina de contrabando que intentaba eludir las restricciones comerciales impuestas por España.
En 2008, cuando Néstor Kirchner, el difunto marido y predecesor de Cristina Fernández de Kirchner, trató de aumentar los impuestos a las exportaciones de soya de 35% a una tasa flotante con un tope de 50%, los agricultores de la pampa bloquearon carreteras y clausuraron el comercio de granos y carne. Al final, el Congreso se pronunció en contra de la propuesta.
El gobierno kirchnerista sigue batallando contra los agricultores, acusándolos de ser golpistas y oligarcas. La presidenta ha dicho que los agricultores han sido bendecidos con riqueza y ganancias, una abundancia que debe ser compartida con los más desposeídos del país. Pero las políticas de los Kirchner han reflejado la supremacía de la soya.
Los Kirchner detuvieron en forma periódica las exportaciones de maíz, trigo y carne para contener los altos precios en el mercado local. Sin embargo, jamás restringieron las exportaciones de soya, la que se usa principalmente como alimento para animales pero también para tofu, aceite de cocina y salsa de soya y que la gran mayoría de los argentinos no consumen.
Este año, el gobierno ha adoptado medidas para estabilizar el peso y revertir el descenso de las reservas internacionales, principalmente al elevar las tasas de interés y reducir los populares subsidios de energía y agua a los consumidores.
Mientras maniobraba su vehículo 4x4 en un camino agreste en su hacienda de 50 hectáreas, Bunge reconoció que planeaba a regañadientes vender más de su cosecha de lo que le gustaría debido a problemas para obtener crédito para pagar sus cuentas. “Es muy difícil pensar a largo plazo”, sostiene.
A lo largo de las principales regiones agrícolas del país, los productores han luchado por años contra el gobierno populista de Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, su cosecha récord de soya está dándole un impulso a su némesis, al aumentar las reservas internacionales que son vitales para ayudar al gobierno a evitar otra crisis de divisas. El miércoles, el Banco Central dijo que la cosecha le ayudaría a mantener su nivel actual de reservas, de US$28.000 millones, hasta final de año.
Los cultivadores son conscientes de la ironía: “Uno de cada tres camiones que cargamos va directamente al gobierno”, dijo Carlos Bunge, agricultor y descendiente de la familia que hace 130 años fundó la compañía germano-argentina de comercio de granos. “Uno siente como si estuviera alimentando a un monstruo”.
Con la cosecha en pleno apogeo hasta julio, las exportaciones de soya han generado más de US$8.000 millones y se cree que alcanzarán un récord de US$29.000 millones, según datos oficiales y proyecciones de los analistas.
La soya es el grano más rentable para Argentina, representando cerca de un tercio de las ventas del país al exterior por valor.
Para Argentina, el dinero no podría llegar en mejor momento, a medida que el país enfrenta un enfriamiento de su economía, la tasa de inflación más alta de América Latina después de Venezuela y una aguda escasez de reservas extranjeras, además de un limitado acceso a los mercados financieros internacionales desde su cesación de pagos de 2001.
El gobierno de Fernández de Kirchner ha pedido a los agricultores, contra su voluntad, que vendan sus granos más rápido para evitar una repetición de la desastrosa corrida sobre la moneda ocurrida en enero. Su jefe de gabinete, Jorge Capitanich recientemente se reunió con los principales exportadores del grano en el palacio presidencial para explicar sus argumentos.
“Hay buenos prospectos este trimestre, con muy buenos precios”, dijo Capitanich a reporteros después de la reunión. “Eso significa flujos de capital y empleos”.
No obstante, los agricultores, que aseguran que se sienten afectados por lo que consideran una regulación e impuestos excesivos, están resistiéndose. Los productores están vendiendo parte de su cosecha para pagar deudas después de que el gobierno de Fernández de Kirchner pusiera fin este año a los préstamos subsidiados a la agricultora.
No obstante, los agricultores quieren quedarse con el resto mientras más puedan para protegerse contra la inflación y un previsto debilitamiento del peso argentino, además de aprovechar los precios más altos que se dan después de la cosecha.
“El grano es como tener efectivo debajo del colchón”, dijo el agricultor Francisco Santillán mientras recorría un tramo de un terreno de 2.200 hectáreas que administra en las afueras de Pergamino. “No usamos bancos, usamos silos”.
Las haciendas gigantescas de este rico cinturón agrícola ubicado a unos 240 kilómetros al noroeste de Buenos Aires rodean Pergamino, una ciudad tranquila y conservadora de 100.000 habitantes que viven en casas de ladrillo de una planta y pasean los fines de semanas en una pintoresca plaza central donde se destaca la catedral.
La aparente tranquilidad, no obstante, oculta una tradición rebelde que se remonta al siglo XVII, cuando Pergamino era parte de una ruta clandestina de contrabando que intentaba eludir las restricciones comerciales impuestas por España.
En 2008, cuando Néstor Kirchner, el difunto marido y predecesor de Cristina Fernández de Kirchner, trató de aumentar los impuestos a las exportaciones de soya de 35% a una tasa flotante con un tope de 50%, los agricultores de la pampa bloquearon carreteras y clausuraron el comercio de granos y carne. Al final, el Congreso se pronunció en contra de la propuesta.
El gobierno kirchnerista sigue batallando contra los agricultores, acusándolos de ser golpistas y oligarcas. La presidenta ha dicho que los agricultores han sido bendecidos con riqueza y ganancias, una abundancia que debe ser compartida con los más desposeídos del país. Pero las políticas de los Kirchner han reflejado la supremacía de la soya.
Los Kirchner detuvieron en forma periódica las exportaciones de maíz, trigo y carne para contener los altos precios en el mercado local. Sin embargo, jamás restringieron las exportaciones de soya, la que se usa principalmente como alimento para animales pero también para tofu, aceite de cocina y salsa de soya y que la gran mayoría de los argentinos no consumen.
Este año, el gobierno ha adoptado medidas para estabilizar el peso y revertir el descenso de las reservas internacionales, principalmente al elevar las tasas de interés y reducir los populares subsidios de energía y agua a los consumidores.
Mientras maniobraba su vehículo 4x4 en un camino agreste en su hacienda de 50 hectáreas, Bunge reconoció que planeaba a regañadientes vender más de su cosecha de lo que le gustaría debido a problemas para obtener crédito para pagar sus cuentas. “Es muy difícil pensar a largo plazo”, sostiene.
