La relación de sueldos y salarios de la administración central con el producto interno bruto (PIB) de Honduras será de 8.2% para el año 2017.
Con esta proyección, no está previsto más reducciones al número de empleados del aparato estatal.
“Venimos de una relación de sueldos y salarios de 10.9 sobre el PIB en 2009 que fue su pico más alto. Con las cifras de hoy en día, significa que pagamos L11,000 millones menos a lo que se pagaba hace siete años”, aseguró Wilfredo Cerrato, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El funcionario dijo que contrario a aquella época los pagos de salarios y aguinaldos se efectúan a tiempo.
“Esto pasa porque se tiene la cantidad correcta de gente en los puestos necesarios. Invertir dinero en sueldos y salarios impedía impulsar el crecimiento”, agregó.
En los últimos dos años se ha reducido en 25,000 las plazas de trabajo del Gobierno para sumar casi los 120,000 burócratas entre la administración central, instituciones descentralizadas y gabinetes.
El efecto de las medidas en el recorte de personal también se traspasa al déficit fiscal de la administración central.
En 2013 este indicador cerró en 7.9%, mientras que en 2016 terminó en 3.6%, con la expectativa de finalizar 2017 en un margen del 3.4% con relación al PIB de Honduras.
Según el presupuesto general para el presente ejercicio, el déficit fiscal llegará a 2.7% en 2020 su nivel histórico más bajo.
A nivel del mercado laboral, de cada 100 empleos creados, 15 son del sector público y el resto de la empresa privada.
Sin embargo, solo el año pasado el Gobierno creó el 52% de los nuevos empleos, la mayor parte de ellos derivados de la inversión pública y de naturaleza temporal.
Desafíos
Los analistas económicos cuestionan las medidas implementadas para reducir el déficit fiscal, incentivar las inversiones y estimular la creación de empleos.
“La inversión tanto nacional como extranjera, como lo han demostrado diferentes investigaciones a nivel mundial, está basada en cuatro premisas fundamentales”, explicó Hugo Noé Pino, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
El también docente universitario detalló que el primero de estos parámetros es la seguridad jurídica. El segundo elemento es la seguridad ciudadana, luego la capacitación de la mano de obra y por último, la infraestructura.
“Hemos visto que las políticas fiscales del Gobierno han tendido a hacer más difíciles las condiciones de inversión”, aseguró Noé Pino sobre los impuestos indirectos y el cobro del 1.5% del impuesto sobre venta (ISV).