Representantes del sector privado exigen resultados medibles e inmediatos producto de los recursos que pagan para financiar la estrategia de seguridad del país.
Miguel Mourra, presidente de la CCIT (Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa), exigió “que los operadores de justicia presenten sus programas a corto, mediano y largo plazo para medir los resultados, porque si no vemos resultados no vamos a estar generando fondos para no verlos”.
Mourra indicó que la generación de fondos para la denominada tasa de seguridad, que entró en vigencia el año anterior, se ha reducido en parte debido a la situación económica que atraviesa el país, lo que ha mermado a su vez el número de transacciones bancarias gravadas con el impuesto.
A la fecha, los fondos recaudados siguen en las bóvedas del Banco Central sin que se conviertan en obras para la población.
Mourra se refirió también a la necesidad que tiene Honduras de firmar un acuerdo con el FMI (Fondo MonetarioInternacional), en vista de que “afecta mucho el desarrollo de proyectos sociales de mucha importancia para el país dirigidos a inversiones de infraestructura o proyectos sociales”.
