En momentos en los que las finanzas del Estado están en situación crítica, el Gobierno ha lanzado la amenaza de nuevos impuestos que cargarían al aparato productivo del país. Los empresarios piden reglas claras para atacar los problemas puntualmente.
Dos aspectos resaltan en este contexto. Por un lado se encuentra la Ley de Racionalización de las Exoneraciones, proyecto que pretende derogar y limitar los casos en que el contribuyente está exento del pago de tributo. En segundo lugar, la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que impulsa la Secretaría de Finanzas con el afán de hacer que tributen las empresas que anualmente reportan pérdidas en sus operaciones; esta reforma fue declarada inconstitucional en febrero por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a un recurso interpuesto por la dirigencia empresarial.
El Gobierno ha aclarado que insistirá en lograr la aprobación del paquete fiscal. “Toda medida antievasión que podamos crear para fortalecer los ingresos va. El presidente (Lobo) quiere que se aprueben esas medidas”, declaró Héctor Guillén, ministro de Finanzas.
El funcionario recalcó que uno de los objetivos que se persiguen es combatir la evasión. “Vamos a perseguir a los evasores del fisco. Ese es el mandato del Presidente y lo vamos a apoyar desde la Secretaría de Finanzas”, dijo el ministro.
Pero es ahí donde surgen los temores de los empresarios de que puedan pagar justos por pecadores.
Los representantes del sector productivo coinciden con el Gobierno en que se debe evitar la evasión, pero no indiscriminadamente. Si el Gobierno pudiese producir un proyecto de ley que no perjudique a quienes pagan impuestos, estarían más inclinados a acompañarlo.
“Hace unas tres semanas tuvimos una reunión con el ministro de Finanzas y nos presentó las reformas fiscales que se quieren hacer. Se le explicó que había una mala redacción que afectaba a la inversión y a la gente que paga sus impuestos. Él dijo que se iba a revisar, pero creemos factible mejor un pacto fiscal en que se pueda ampliar la base tributaria en lugar de incrementar los impuestos”, comentó Fernando Jaar, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
Jaar aseguró que el gremio empresarial no tiene intención de proteger a los evasores en detrimento del Estado: “La intención del Gobierno al insistir en esta reforma es encontrar empresas que están evadiendo el fisco, a las que tampoco estamos protegiendo porque creemos que todos debemos pagar impuestos y ampliar la base tributaria.
Lo único es que se debe encontrar la forma adecuada de hacerlo para que paguen impuestos porque no es justo que algunas empresas tengan volúmenes de venta altos y no paguen porque están evadiendo al fisco”.
Los empresarios también han puesto de manifiesto su escepticismo en cuanto a la eficacia de las reformas propuestas. Aline Flores, presidenta del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), indicó que las pretendidas reformas, particularmente la del 1%, “supuestamente son una medida antievasión, pero no vemos por ningún lado que eso realmente vaya a ser una facilidad para que ellos (el Gobierno) vaya a recaudar un impuesto”.
Flores explicó: “Vemos que quieren gravar los gastos. A veces, cuando una operación está en sus inicios, puede tomar de tres a cinco años para que empiece a hacer dinero. Ese tipo de cosas ellos (Finanzas) no las habían contemplado”.
Motivaciones
Para el analista económico Julio Gom, el conflicto Gobierno-empresarios tiene sus raíces en la precaria situación fiscal que han arrastrado las últimas administraciones.
“Lo que ocurre es que el tema central sigue siendo el déficit fiscal y el endeudamiento del Gobierno a nivel interno y externo. Nos hemos endeudado casi en los mismos niveles que teníamos antes de la condonación de deuda en el gobierno de Ricardo Maduro”, mencionó.
Según el analista, la reforma tributaria es parte de una estrategia para captar fondos por diversas vías: además de los impuestos, mediante la política fiscal e incluso monetaria.
Sin embargo, Gom recomendó repensar cualquier acción tributaria porque “Honduras es el país que tiene la mayor carga tributaria del área centroamericana”.
