Tegucigalpa, Honduras.
El proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2017 es una herramienta inequitativa que frena el desarrollo económico en lugar de impulsarlo.
Es la opinión de economistas y organismos especializados que han analizado el documento enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación antes de que concluya este año, según lo manda la ley.
El proyecto de presupuesto para 2017 asciende a 228,778.0 millones de lempiras, superior en 13,754.6 millones, es decir un 6.4%, al presupuesto estimado para este año, de 220,053.8 millones.
De acuerdo con los analistas, el presupuesto debe potenciar áreas que coadyuven al desarrollo económico del país y por ende a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños que viven en la pobreza y la pobreza extrema.
Sin embargo, se continúa favoreciendo sectores como el de defensa y seguridad, que si bien, son temas de alta prioridad en el país por las consecuencias que genera directamente en la economía al ahuyentar la inversión y desalentar la actividad económica, no están dando los resultados que se esperaría en relación con los altos montos de inversión.
El análisis presupuestario lo realizan miembros del Colegio de Economistas, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).
Las cifras
Según el análisis del Observatorio Social para la Descentralización de Forpideh, hay varias cifras a destacar: Se incrementa la partida para el pago de la deuda pública de 29,505.7 a 30,805.6 millones.
Aumentan los presupuestos de las secretarías de Educación, de 24,671.0 millones de lempiras a 26,014.1 millones; de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización, de 5,021.0 a 5,271.4 millones de lempiras.
La Secretaría de Seguridad también tiene un mayor presupuesto al pasar de 5,952.7 a 6,276.6 millones (323.8 millones) y del ministerio de Defensa de 6,712.4 a 6,997.7 millones (285.2 millones).
Aunque se han concesionado las carreteras y gran parte de las operaciones de la Enee, el presupuesto del Insep (Secretaría de obras Públicas) pasa de 6,151.1 millones de lempiras a 6,937.9, para un incremento de 786.7 millones, y el de la Enee sube a “25,541 millones de lempiras”.
Coalianza, ente encargado de las inversiones público-privadas, proyecta gastar 257 millones de lempiras.
Disminuyen los presupuestos de la secretaría de Salud al pasar de 14,385.2 millones a 13,904.9 (menos 480.3 millones), y el del Ministerio de la Presidencia de 990.0 millones de lempiras a 916 millones.
Más de lo mismo
Los expertos cuestionan que se mantengan las exoneraciones como mecanismos de atracción de inversión y sigan promoviendo el uso de fideicomisos como instrumentos para manejar fondos del Estado, generando la opacidad en el manejo de esos fondos.
Además, se reprocha que las transferencias condicionadas, como el Bono 10,000 o los fondos para el Programa Vida Mejor, “se incluyan como inversiones sin serlo, ya que se trata de gastos que no son para la generación de capital sino que son transferencias corrientes que no incentivan la capacidad productiva de las personas”.
Que se potencie el gasto corriente en detrimento de los presupuestos para las inversiones en sectores productivos, que a la larga son los que llevan beneficios y mejoras al grueso de la población, mediante la generación de empleos.
El crecimiento de la deuda pública continúa siendo la “varita mágica” de los gobiernos y el resultado es que se destine más del 30% del total de presupuesto al pago de la deuda pública en 2017.
En el último foro sobre la situación económica y sus perspectivas, la deuda pública en Honduras se ha cuadruplicado entre 2008 y 2015, sin que se conozca, en mucho de los casos, que se hizo ese dinero, que es para beneficio de los más desposeídos.
La presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, consideró que esa partida para el pago de la deuda “es bastante alta” y advirtió que de mantenerse esa tendencia “va a llegar un día que se va a volver insostenible la parte de la deuda.
Estamos llegando casi al 50% del PIB y eso significa que se van a tener que destinar más recursos a la deuda externa y menos recursos disponibles para destinarlos a sectores prioritarios como salud y educación”, indicó.
En el tema de los montos destinados al pago de la deuda, Wilfredo Díaz, economista de país del Icefi, dijo que el problema no son los montos que se destinen a ese pago, sino el sacrificio que se hace de otras partidas prioritarias.
“Piense usted ¿en su casa pagaría más por un préstamo o por la educación de sus hijos? Dudo mucho que usted haga eso porque hay prioridades dentro del hogar y así debería haber prioridades dentro del Gobierno”, ejemplificó.
Menos gasto social versus más seguridad
Y es que el Icefi cree que en la actual ejecución presupuestaria y en la propuesta para el año próximo se está dando un menor espacio para el gasto público social, lo que acentuará la desigualdad en el país.
Según el organismo, los gastos para educación y salud han venido disminuyendo sistemáticamente al caer (entre 2010 y 2016) del 32.8% al 20.1% en el caso de educación, y del 14.7% al 10.1% en salud.
“Lo que estamos viendo es que los gastos sociales más potentes tienen menores recursos en proporción en el presupuesto nacional”, dijo.
En detrimento, agregó Díaz, se han incrementado los gastos para seguridad y defensa.
En 2010 los gastos para esos ministerios representaban el 11.7% del presupuesto, y en 2016 esa proporción subió al 13.6%.
Para 2017 se mantiene la tendencia a la alza con una proyección de 6,276.6 millones de lempiras para seguridad y 6,997.7 millones para defensa, superior, en ambos casos, a los 600 millones de lempiras en relación al año anterior.
“Y si bien es cierto que se necesita que suban (los presupuestos de) esos sectores, más necesario es subirle a los sectores de educación y salud, que son sectores pilares para que la sociedad se beneficie en el futuro”, dijo la presidenta de los economistas, Liliana Castillo.
Fideicomisos y exoneraciones
Los economistas también cuestionan el manejo de fondos públicos a través de fideicomisos, principalmente por las barreras legales que estos tienen para ser auditados, entre tanto, las exoneraciones se promueven como un instrumento para atraer inversiones sin que los mismos representen un cambio en las condiciones del país como el incremento de la productividad, más empleo, generación de un mejor capital humano.
Señalaron que las recientes disposiciones para exonerar de impuestos las alianzas público-privadas (como en el caso del consorcio que ejecutará el proyecto de Palmerola, los contratos de la Enee y de carreteras) y al sector agropecuario, así como establecer como principal atractivo del Plan 20/20 las exoneraciones fiscales “es una ruta equivocada para promover la competitividad económica”.
Aunque no hay cifras exactas, el Fosdeh estima que el monto de las exoneraciones supera los 33,000 millones de lempiras, sin que se tenga claridad de a quién se le otorgan, cuántas son y el beneficio que dan a la sociedad
