Tegucigalpa, Honduras.
La baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales, como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión, es el mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrentan en la actualidad la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, lo que pone en peligro las pensiones de 80 millones de personas, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El informe titulado “Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe” expone las deficiencias en cobertura social en Latinoamérica y los problemas de empleo informal para miles de obreros.
Cobertura
Al mismo tiempo que es un problema la baja cobertura, se suma que la cobertura activa, es decir, la proporción de trabajadores aportando a sistemas de pensiones obligatorios, es baja en los países de la región.
En promedio, sólo 45 de cada 100 trabajadores están contribuyendo o están afiliados a un plan de pensiones, un porcentaje que no ha cambiado mucho en la última década, a pesar de las reformas estructurales de los sistemas de pensiones.
Sin embargo, algunos países sí han logrado ampliar la proporción de personas de 65 años o más que reciben una pensión para la vejez, en su mayoría pensiones no contributivas y regímenes especiales de cuentas propias.
El bajo nivel de aportes a los sistemas de pensiones está relacionado con una serie de características socioeconómicas, en particular con la educación, el género y el nivel de ingresos.
El nivel de educación tiene un impacto significativo puesto que los trabajadores más educados tienen más probabilidades de contribuir a los sistemas de pensiones que los trabajadores con un nivel educativo menor.
La dimensión de género también es importante dado que la tasa media de participación de las mujeres en la fuerza laboral en América Latina y el Caribe es del 56% en comparación con el 83% para los hombres.
La brecha de género varía desde el 20% en Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay hasta el 40% en Guatemala, Honduras y México.
Por último, las diferencias de ingresos entre los hogares tienen asimismo un importante impacto.
Los trabajadores en el quintil más alto de la distribución de los ingresos tienen porcentajes relativamente altos de contribución, mientras que los trabajadores de bajos ingresos escasamente contribuyen a los sistemas previsionales.
Sólo del 20 al 40% de los trabajadores de ingresos medios contribuyen a una pensión, lo cual les hace particularmente vulnerables a los riesgos de pobreza en la vejez.
El envejecimiento de la población amenaza con incrementar el gasto de las pensiones en América Latina y el Caribe.
Al mismo tiempo, el elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes para su pensión complicará la financiación de esos costes.
Para 2050, entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión adecuada en ausencia de reformas y de esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal, incluyendo el acceso a educación de calidad.
