Tegucigalpa, Honduras.
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo.
La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre del año 1995 por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.
El objetivo fue combatir la extensión del narcotráfico desde Colombia y ahora ha tocado las puertas de Honduras.
De acuerdo a la OFAC, en Honduras hay 39 personas, naturales y jurídicas, vinculadas a esta actividad. La última inclusión incluyó a Banco Continental (octavo en el ranking), cuyo impacto aún no es medido en el sector bancario y económico.
Es el tercer banco incluido en la lista en Latinoamérica (Venezuela y Cuba ya figuraban).
La OFAC excluyó de la lista a HSBC México, que pagó multas en EE UU y México por lavado de activos por 881 millones de dólares.
Pero, ¿qué implica estar en la lista negra? Esto dice la Ley Clinton:
Un arma estadounidense
El listado lo elabora la OFAC, tras recopilar pruebas y testimonios. Quienes están en la base de datos no pueden tener negocios ni viajar a ese país. Personas y empresas quedan vetadas comercialmente.
La lista OFAC está alimentada principalmente por nombres de personas vinculadas a delitos de delincuencia organizada (tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, fraudes).
La lista no solo tiene nombres de personas naturales y jurídicas, sino que también contiene nombres de buques, organizaciones y países.
Honduras apareció en la lista original a finales de los 90 con una empresa con origen panameño, pero es en los últimos años que ha visto crecer el número de personas asociadas a delitos de delincuencia organizada. Esta ley persigue afectar los flujos financieros de estas personas para evitar que sigan operando y cometiendo delitos.
Efecto bancario-comercial
Las instituciones financieras a nivel mundial, con cada nuevo nombre que es sumado en la lista OFAC, no solo estudian si esa persona es cliente y mantiene una cuenta.
También debe revisar si aparece asociado a alguna compañía como administrador, accionista o firma autorizada para movilizar sus fondos.
Luego también se activa una revisión retrospectiva para evaluar si esa persona que tuvo cuenta en un banco a su vez se relacionó con otros clientes y su cuenta de donde se alimentó.
Las preguntas que se hacen son: ¿Qué empresa en Honduras le transfirió fondos y por qué concepto? A quién él le ha emitido pagos (cheque o transferencias) y entonces comienza a armarse una matriz de personas naturales y jurídicas relacionadas con este personaje OFAC y todos ellos pasan a ser considerados clientes de alto riesgo y les sobrevienen a su vez investigaciones y rastreo de fondos que terminarán por limitar su movilidad financiera internacional.
Es muy común ver en otros países cómo cierran las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y todas las personas asociadas, cercanas a unos clientes OFAC, son consideradas a su vez de alto riesgo.
Esta práctica puede ser apelada por los afectados, que tendrán que ponerse a derecho y demostrar su inocencia para poder ser excluidos de la lista OFAC, pero el proceso es oneroso y puede durar décadas.
Asfixia financiera
¨Una persona incluida en lista OFAC verá cómo poco a poco pierde sus instrumentos financieros (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago), explica un experto de riesgo consultado por D&N.
Eso se extiende a sus familiares y amistades porque cada institución financiera evitará operar con ese entorno, que es afectado directamente por el riesgo de contagio en materia de lavado de dinero.
De igual manera, la lista OFAC prende las alarmas en las aduanas, aeropuertos y puertos a nivel internacional.
Esa persona marcada como individuo OFAC también perderá la movilidad internacional.
Si estas personas tenían capitales a su nombre o en empresas donde figuraban como accionistas, directores o representantes, no podrán repatriar esos capitales.
Si a estas personas le han confiscado bienes en el extranjero, para poder disponer de ellos tendrán que demostrar que son bienes obtenidos de manera lícita en el país donde se encuentren sus activos.
Si esto no ocurre, el Estado hondureño debería presumir que dichos capitales son producto de actividades ilícitas y tendría derecho a pedir su reintegro, así como en su momento EUA reintegró al gobierno peruano capitales producto de la corrupción de figuras como Fujimori y Montesinos. O Chile, que logró recuperar capitales en el banco Riggs de Pinochet.
Si el Estado no actúa para exigir la recuperación de activos congelados en otros países, por presuntos actos de corrupción, está dando un muy mal mensaje al país y a la comunidad internacional, incluso se podría presumir una “ceguera voluntaria” para no levantar polvo en relación a dinero y bienes.
El destino de los bienes confiscados por legitimación de capitales dependerá del delito precedente que dio origen a dichos capitales. Por ejemplo, si son bienes o capitales producto del tráfico ilícito de drogas, en Honduras esos capitales deben ser administrados por la OABI, un órgano que depende de la Oficina Nacional Antidrogas.
Posteriormente, luego de una sentencia firme, esos capitales pueden ser destinados a las instituciones dedicadas a la rehabilitación de personas afectadas por esas adicciones.
De igual manera, esos bienes y capitales deben ir a fortalecer los organismos que luchan contra ese delito, para la adquisición tal vez de equipos que faciliten el trabajo de estos funcionarios o para brindarles capacitación técnica a dichos cuerpos de investigación.
Si alguna institución a nivel mundial permite que personas de la lista OFAC operen, corre el riesgo de ser considerada “cómplice o facilitadora” en la legitimación de capitales provenientes de algún delito.
Si algún banco es “negligente”, o sus sistemas no filtran y bloquean los servicios a estas personas, correrá una suerte similar que inicia con el bloque de las transferencia de ese cliente, pero que puede extenderse a un bloqueo de los fondos del banco y posiblemente se ordene el cierre por considerarlo “una institución de alto riesgo por no contar con mecanismos contra la legitimación de capitales eficientes”.
Así como existe una lista OFAC, también existe una LISTA PEP (Personas Expuestas Políticamente), conformada por funcionarios públicos de todos los gobiernos del mundo, por lo cual es mucho más fácil identificar actos de corrupción al revisar esa lista PEP versus los fondos movilizados por esas personas.
Si los fondos movilizados no guardan coherencia con el perfil del funcionario, el caso debe generar alerta de alto riesgo que obliga a documentar el caso y remitirlo a la autoridad financiera local.
