La Tesorería General de la República (TGR) ha sido objeto en los años recientes de constantes embargos.
“Desde 2020 hasta marzo de 2024, la Cuenta Única de Tesorería (CUT) ha sido objeto de embargos por un monto acumulado de L11,461.9 millones”, revela un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Agrega que esta situación ha surgido como resultado de demandas judiciales en contra de instituciones del Estado que, al no contar con presupuesto para cubrir las obligaciones derivadas de estas sentencias desfavorables, lleva a los demandantes recurrir a los juzgados para solicitar embargos sobre los fondos de la CUT en el Banco Central de Honduras (BCH).
“Esta práctica resulta muy perjudicial para las finanzas públicas, ya que limita la capacidad del Estado para ejecutar los recursos de manera efectiva”, subraya la Sefin.
El informe destaca el monto de los embargos en 2020 sumaron 414.4 millones de lempiras, aumentando a L2,461 millones en 2021 y creciendo a L3,202 millones en 2022.
En 2023 el monto de los embargos en contra de la Tesorería General de la República reportaron cifras históricas al ascender a 5,221.6 millones de lempiras y al primer trimestre de 2024 fueron L162 millones.
El acumulado en ese periodo analizado alcanza 11,461.9 millones de lempiras.
De acuerdo con la Sefin, la legislación hondureña no establece restricciones ni limita los embargos a la Cuenta Única de Tesorería, lo que permite que los tribunales ordenen embargos sobre los fondos centralizados para cumplir con las obligaciones fiscales del Estado.
“En Honduras, la CUT centraliza los recursos públicos de las entidades gubernamentales, aunque esta centralización facilita una gestión más eficiente de los recursos, también la expone a embargos judiciales, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del gobierno”, subraya la Secretaría de Finanzas.
La situación de los últimos cinco años en Honduras subraya la necesidad de revisar el marco legal y analizar la posibilidad de blindar la CUT contra embargos judiciales a través de un mecanismo de fondo especial financiado por las instituciones que enfrentan demandas.
Agrega que varios países latinoamericanos tienen leyes que establecen la inembargabilidad de la figura similar a la Cuenta Única de Tesorería que funciona en Honduras.
