La empresa privada hondureña organizada analiza interponer acciones legales ante los tribunales de justicia para frenar la compra de emergencia de cien megavatios aprobada la semana anterior por el Gobierno.
Según el análisis del presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, Adolfo Facussé, existen suficientes argumentos jurídicos para que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, u otra organización gremial interponga los recursos jurídicos ante los tribunales competentes contra ese decreto de emergencia.
“Es inexplicable la contratación a 16 años de 100 megavatios. No hay forma de justificar la emergencia”, expresó Facussé, quien mencionó que la Andi puede recurrir a los tribunales para impugnar esta compra, pero espera conocer la decisión que tomarán las autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, ya que “han reclamado fuertemente contra esta contratación”, dijo Facussé.
El dirigente añadió que esperarán también la postura del Cohep porque la compra no refleja las condiciones para efectuarla de emergencia, según la Andi.
Para Facussé, la determinación es improcedente debido a que en el mediano plazo operarán 47 centrales hidroeléctricas que aportarán más de 500 megavatios de energía limpia para suplir la demanda.
“¿Cómo es que en el país se compra energía a largo plazo y en exceso para atender la emergencia? Esto no lo entendemos”, comentó.
Los industriales cuestionan además la falta de claridad técnica para determinar la compra porque en primera instancia el Gobierno emitió un decreto en que prohibía la contratación de energía térmica para luego reformarlo con el fin de avalar la compra.
