Nueva York, Estados Unidos.
Los subsidios al combustible que los gobiernos latinoamericanos han usado durante décadas para repartir el botín de los recursos naturales comienzan a desvanecerse a medida que las mayores economías de la región tratan de imponer políticas de mercado, intensificando la ira de la población en un momento difícil.
México aumentó el 1 de enero los precios de la gasolina en hasta 20% como parte de un ambicioso plan que comenzó en 2013 para liberalizar el sector de hidrocarburos. Petróleo Brasileiro S.A., la petrolera de control estatal de Brasil, ha ajustado los precios de la gasolina y el diésel cinco veces desde octubre en medio de un esfuerzo para recuperar la confianza de los inversionistas y pagar su deuda tras un gigantesco escándalo de corrupción. Los argentinos, a su vez, están pagando más por el gas natural comprimido y el gobierno está desmantelando los subsidios para este combustible.
Los cambios se producen en momentos en que México trata de captar capital privado para el sector de energía y después de que líderes conservadores accedieron al poder en Brasil y Argentina. La disminución de los subsidios, no obstante, ha generado disturbios sociales en partes de una región que tiene un largo historial de nacionalismo vinculado a los recursos naturales, lo que vuelve a la política energética en un blanco fácil de las críticas.
El índice de aprobación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha caído a 12%, el nivel más bajo de un mandatario en décadas, según una encuesta publicada este mes por el periódico Reforma, tras las manifestaciones y los saqueos desatadas por el llamado “gasolinazo”.
Las protestas, que incluyeron el bloqueo de carreteras y estaciones de servicio, desembocaron en cientos de arrestos e incluso se les atribuyeron algunas muertes. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), que agrupa al sector minorista mexicano, informó que los saqueadores robaron unos US$90 millones de 681 locales miembros de la organización.
México, el cuarto consumidor mundial de gasolina per cápita, aludió al alza de las materias primas y la reciente depreciación del peso para justificar el incremento en los precios del combustible. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el país gasta actualmente más en gasolina que lo que factura por la venta de petróleo y agregó que mantener los precios en los niveles de 2016 le costaría al gobierno US$10.000 millones este año.
A partir de finales de febrero, los precios del combustible mexicano serán actualizados diariamente, en vez de mensualmente, mientras el país migra hacia un sistema de precios de mercado a finales de año, dicen las autoridades. “Sabemos que controlar los precios no sirve”, asevera Gabriel Casillas, director de estudios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. “¿A poco el oro que se extrae de las minas de México, por ser mexicano, se vende a un precio menor que el precio internacional? Para nada”.
Las autoridades esperan que el cambio atraiga a los inversionistas a una industria energética que ha quedado rezagada en las décadas transcurridas desde que el presidente Lázaro Cárdenas expropió los activos de las petroleras extranjeras en 1938.
Petrobras, en tanto, gastó hasta US$28.000 millones en subsidios a los combustibles entre 2011 y 2014 con el fin de ayudar a que se cumpliera la meta de inflación del banco central. En parte como resultado de tal generosidad, la empresa tiene la mayor deuda de la industria, alrededor de US$123.000 millones, y está en plena campaña para vender activos y reducir inversiones. Los esfuerzos para recuperar las pérdidas a través de alzas de precios tampoco han caído muy bien en el público brasileño. “Puesto que somos un país productor, creo que el precio de la gasolina debería ser la mitad de lo que es”, señala José Marcos Marques, un taxista de 38 años de Rio de Janeiro, donde se ubica la sede de Petrobras.
“Nos están obligando a nosotros, los consumidores, a pagar el precio de lo que pasó (en Petrobras)”. La nueva política de la petrolera brasileña es equiparar sus precios con los internacionales, a lo que habría que sumar un margen para protegerse contra fluctuaciones cambiarias y otros riesgos. Petrobras contempla ajustes de precios al menos una vez cada 30 días, mientras que antes las actualizaciones eran esporádicas y a menudo no había cambios durante un año.
“La compañía tiene que reaccionara los movimientos de precios internacionales y es lo que está haciendo, nada más”, afirmó el presidente ejecutivo, Pedro Parente, cuando se le consultó hace unos días por los aumentos frente a las cámaras de televisión. “Es muy importante para nosotros que la sociedad entienda el rol de Petrobras en este proceso”.
Entre mayo y octubre de 2016, la cotización de la acción de la petrolera se más que duplicó, mientras Michel Temer, que se convirtió en presidente tras la destitución de Dilma Rousseff, trataba de llevar a la empresa por un camino más de mercado. Parente es el primer presidente ejecutivo de Petrobras que proviene del sector privado desde 1999. No todos los países latinoamericanos transitan por el mismo sendero. Venezuela, por ejemplo, ha subido los precios solamente una vez en las últimas dos décadas.
Pese a un aumento de 6.000% en febrero pasado, sigue teniendo los precios de la gasolina más bajos del mundo al cobrar cerca de un centavo de dólar por litro. El mantenimiento del subsidio, considerado un asunto de supervivencia política para el atribulado gobierno de Nicolás Maduro, ha sido una de las medidas que ha obligado al banco central a imprimir dinero y dejar al Estado al borde de una cesación de pagos.
Brasil eliminó paulatinamente los controles de precios entre 1997 y 2002, pero la desregulación llegó a su fin con el arribo al poder del Partido de los Trabajadores en 2003. Gracias a su posición dominante, Petrobras vendía gasolina por debajo del precio de mercado y las empresas privadas no podían competir.
Ceder el control de Petrobras, considerada por los brasileños como un tesoro nacional, persiste como una idea inconcebible para el gobierno. “Sigue siendo una empresa estatal y sigue siendo probablemente la empresa estatal más politizada del país”, dice Peter Taylor, quien ayuda a gestionar un fondo de US$6.000 millones dedicado a acciones de empresas brasileñas para Aberdeen Asset Management PLC.
Aberdeen vendió una participación sustancial en Petrobras a fines de 2014 luego de que estalló el escándalo de corrupción. Taylor destacó, en todo caso, que Brasil realizará elecciones el próximo año. “Si está invirtiendo con un horizonte de cinco años, está haciendo una apuesta muy grande al futuro de la política brasileña”, dice.
Los subsidios al combustible que los gobiernos latinoamericanos han usado durante décadas para repartir el botín de los recursos naturales comienzan a desvanecerse a medida que las mayores economías de la región tratan de imponer políticas de mercado, intensificando la ira de la población en un momento difícil.
México aumentó el 1 de enero los precios de la gasolina en hasta 20% como parte de un ambicioso plan que comenzó en 2013 para liberalizar el sector de hidrocarburos. Petróleo Brasileiro S.A., la petrolera de control estatal de Brasil, ha ajustado los precios de la gasolina y el diésel cinco veces desde octubre en medio de un esfuerzo para recuperar la confianza de los inversionistas y pagar su deuda tras un gigantesco escándalo de corrupción. Los argentinos, a su vez, están pagando más por el gas natural comprimido y el gobierno está desmantelando los subsidios para este combustible.
Los cambios se producen en momentos en que México trata de captar capital privado para el sector de energía y después de que líderes conservadores accedieron al poder en Brasil y Argentina. La disminución de los subsidios, no obstante, ha generado disturbios sociales en partes de una región que tiene un largo historial de nacionalismo vinculado a los recursos naturales, lo que vuelve a la política energética en un blanco fácil de las críticas.
El índice de aprobación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha caído a 12%, el nivel más bajo de un mandatario en décadas, según una encuesta publicada este mes por el periódico Reforma, tras las manifestaciones y los saqueos desatadas por el llamado “gasolinazo”.
Las protestas, que incluyeron el bloqueo de carreteras y estaciones de servicio, desembocaron en cientos de arrestos e incluso se les atribuyeron algunas muertes. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), que agrupa al sector minorista mexicano, informó que los saqueadores robaron unos US$90 millones de 681 locales miembros de la organización.
México, el cuarto consumidor mundial de gasolina per cápita, aludió al alza de las materias primas y la reciente depreciación del peso para justificar el incremento en los precios del combustible. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el país gasta actualmente más en gasolina que lo que factura por la venta de petróleo y agregó que mantener los precios en los niveles de 2016 le costaría al gobierno US$10.000 millones este año.
 Una estación de servicio en el barrio de Copacabana, en Rio De Janeiro.
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Las autoridades esperan que el cambio atraiga a los inversionistas a una industria energética que ha quedado rezagada en las décadas transcurridas desde que el presidente Lázaro Cárdenas expropió los activos de las petroleras extranjeras en 1938.
Petrobras, en tanto, gastó hasta US$28.000 millones en subsidios a los combustibles entre 2011 y 2014 con el fin de ayudar a que se cumpliera la meta de inflación del banco central. En parte como resultado de tal generosidad, la empresa tiene la mayor deuda de la industria, alrededor de US$123.000 millones, y está en plena campaña para vender activos y reducir inversiones. Los esfuerzos para recuperar las pérdidas a través de alzas de precios tampoco han caído muy bien en el público brasileño. “Puesto que somos un país productor, creo que el precio de la gasolina debería ser la mitad de lo que es”, señala José Marcos Marques, un taxista de 38 años de Rio de Janeiro, donde se ubica la sede de Petrobras.
“Nos están obligando a nosotros, los consumidores, a pagar el precio de lo que pasó (en Petrobras)”. La nueva política de la petrolera brasileña es equiparar sus precios con los internacionales, a lo que habría que sumar un margen para protegerse contra fluctuaciones cambiarias y otros riesgos. Petrobras contempla ajustes de precios al menos una vez cada 30 días, mientras que antes las actualizaciones eran esporádicas y a menudo no había cambios durante un año.
“La compañía tiene que reaccionara los movimientos de precios internacionales y es lo que está haciendo, nada más”, afirmó el presidente ejecutivo, Pedro Parente, cuando se le consultó hace unos días por los aumentos frente a las cámaras de televisión. “Es muy importante para nosotros que la sociedad entienda el rol de Petrobras en este proceso”.
Entre mayo y octubre de 2016, la cotización de la acción de la petrolera se más que duplicó, mientras Michel Temer, que se convirtió en presidente tras la destitución de Dilma Rousseff, trataba de llevar a la empresa por un camino más de mercado. Parente es el primer presidente ejecutivo de Petrobras que proviene del sector privado desde 1999. No todos los países latinoamericanos transitan por el mismo sendero. Venezuela, por ejemplo, ha subido los precios solamente una vez en las últimas dos décadas.
Pese a un aumento de 6.000% en febrero pasado, sigue teniendo los precios de la gasolina más bajos del mundo al cobrar cerca de un centavo de dólar por litro. El mantenimiento del subsidio, considerado un asunto de supervivencia política para el atribulado gobierno de Nicolás Maduro, ha sido una de las medidas que ha obligado al banco central a imprimir dinero y dejar al Estado al borde de una cesación de pagos.
Brasil eliminó paulatinamente los controles de precios entre 1997 y 2002, pero la desregulación llegó a su fin con el arribo al poder del Partido de los Trabajadores en 2003. Gracias a su posición dominante, Petrobras vendía gasolina por debajo del precio de mercado y las empresas privadas no podían competir.
Ceder el control de Petrobras, considerada por los brasileños como un tesoro nacional, persiste como una idea inconcebible para el gobierno. “Sigue siendo una empresa estatal y sigue siendo probablemente la empresa estatal más politizada del país”, dice Peter Taylor, quien ayuda a gestionar un fondo de US$6.000 millones dedicado a acciones de empresas brasileñas para Aberdeen Asset Management PLC.
Aberdeen vendió una participación sustancial en Petrobras a fines de 2014 luego de que estalló el escándalo de corrupción. Taylor destacó, en todo caso, que Brasil realizará elecciones el próximo año. “Si está invirtiendo con un horizonte de cinco años, está haciendo una apuesta muy grande al futuro de la política brasileña”, dice.
