San Pedro Sula, Honduras
En la sesión celebrada la noche del miércoles 20 de agosto de 2025, el Congreso Nacional de Honduras rechazó la adhesión al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), con 65 votos en contra y 41 a favor.
La decisión generó distintas reacciones en el país, dado que los sectores opositores argumentaron que el protocolo representaba una amenaza a los valores familiares y a la autonomía nacional.
Mientras que sus defensores sostenían que proporcionaba un mecanismo internacional para proteger los derechos de la niñez cuando los recursos internos no son suficientes.
LA PRENSA Verifica detalla los motivos y alcances de esta polémica decisión.
¿De qué se trata?
El Tercer Protocolo Facultativo, también llamado Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, es un instrumento complementario a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011 y entró en vigor el 14 de abril de 2014.
Honduras firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y también sus dos primeros protocolos facultativos. El primero es el relativo a la participación de niños en conflictos armados, que busca proteger a la niñez de ser reclutada o utilizada en enfrentamientos bélicos.
El segundo es el referente a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía. Pero el Tercer Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, el de 2011, nunca ha sido ratificado en el país.
El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece un mecanismo internacional de comunicaciones que permite a niñas, niños y adolescentes presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados y no han obtenido respuesta satisfactoria dentro del país.
El mecanismo busca garantizar que casos de abusos graves, explotación, negligencia o violaciones de derechos fundamentales puedan ser evaluados por una instancia internacional, ofreciendo así un recurso adicional de justicia para la infancia.
El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño no requiere que se cree una ley nueva en Honduras; basta con ratificarlo.
Esto significa que, aunque el país ya firmó el protocolo, la ratificación mediante el Congreso Nacional es el paso formal que le da efecto legal interno. Sin la aprobación del Congreso, el protocolo no puede aplicarse dentro del país.
Posturas a favor
Quienes defienden la ratificación del protocolo argumentaban que su aprobación era un paso importante para fortalecer la protección de los derechos de la niñez hondureña.
Bancadas como el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), junto a organismos como la Secretaría de Niñez, Coiproden, la ONU y la OACNUDH, destacaron que el protocolo permitiría mejorar los mecanismos de acceso a la justicia y fortalecer el marco legal internacional que protege a los menores.
También señalaron que la adhesión al tratado enviaría un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con los derechos humanos.
Entre las congresistas que se mostraron a favor, la diputada Fátima Mena, de la bancada del PSH, aclaró que el protocolo no regulaba cambios de identidad ni decisiones médicas para menores, sino que se limitaba a ofrecer un canal internacional para presentar quejas en casos de vulneraciones a los derechos de la niñez.
"Es para establecer un régimen de comunicación, es para que organizaciones o los mismos niños puedan ser escuchados, es para que simple y sencillamente puedan presentar una queja”, consideró.
El representante de Unicef Honduras, Bastiaan Van ‘T Hof, opinó que “el país ya cuenta con mecanismos internos que pueden utilizarse, pero este protocolo permitiría que el Estado de Honduras reciba recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, tal como ocurre cada cinco años durante las revisiones periódicas”.
Por su parte, Lizeth Coello, secretaria de la Secretaría de Niñez y Adolescencia (Senaf) señaló que la no aprobación del Congreso priva a los menores de un recurso adicional de protección y justicia.
Oposición y sectores lo rechazan
La polémica se centró, principalmente, en los argumentos de quienes se opusieron a la aprobación.
El Partido Nacional, el Partido Liberal y movimientos como “Movimiento por Nuestros Hijos” advirtieron que la adhesión al protocolo podría significar una injerencia internacional en asuntos que, según ellos, competen únicamente al Estado y a las familias hondureñas.
Según los argumentos en contra, la iniciativa de ley generaba dudas sobre cómo se aplicaría en temas relacionados con la identidad de género, educación sexual o tratamientos médicos para menores, aunque estas preocupaciones fueron desmentidas por los organismos internacionales y los defensores de la ratificación.
La confusión sobre el alcance del protocolo contribuyó a polarizar el debate y a que la ciudadanía recibiera información contradictoria, alimentando la polémica en redes sociales y medios de comunicación.
El rechazo del Congreso implica que Honduras sigue sin contar con esta vía internacional para que los menores puedan presentar denuncias en casos donde el sistema judicial hondureño no garantice una solución efectiva.
Esto limita las posibilidades de protección frente a violaciones graves de derechos y envía una señal de reticencia hacia compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Para los expertos, esta decisión afecta tanto la garantía de derechos de la niñez como la reputación internacional del país en temas de derechos humanos.
Nilsa Flores, exjefe de la oficina regional centro oriente de la Senaf, consideró que las normativas hondureñas ya protegen a la niñez y la aprobación de este nuevo mecanismo no es necesario.
"El Código de la Niñez de Honduras, la Constitución de la República de Honduras y el Código de la Familia de Honduras protegen a los niños, ese mecanismo no es necesario, proteger a la niñez es perseguir judicialmente a los pedófilos, aumentar la pena a los delitos contra los niños, más apoyo psicológico", aseguró a LA PRENSA Verifica.
A criterio de los expertos, la decisión evidencia la polarización entre quienes consideran necesario un mecanismo adiciones de protección para la niñez y quienes creen que los recursos internos son suficientes.
