La Fiscalía contra la Corrupción dio a conocer un informe sobre los resultados de las acciones judiciales en el año anterior.
Entre sus metas, la Fiscalía fijó la presentación de requerimientos fiscales. En tal sentido “se adoptó la decisión de incoar acciones penales en los casos en que las posibilidades legales lo permitieron, confiriéndole especial preeminencia a aquéllos de mayor trascendencia económica que tuviesen un mayor grado de afectación patrimonial para los intereses de la administración pública”, cita el informe.
En consecuencia, se incoaron acusaciones contra funcionarios del gobierno presidido por Manuel Zelaya Rosales, en los requerimientos presentados está incluido el propio ex mandatario. Como casos de mayor relevancia se presentaron requerimientos fiscales contra altos funcionarios y ex funcionarios de instituciones como la Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia, Hondutel, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE; Secretaría de Finanzas, Banco Central de Honduras, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Dirección Ejecutiva de Ingresos, Tesorería General de la República y la UNAH, entre otros.
Resaltan acusaciones contra Zelaya Rosales, Enrique Flores Lanza, Rebeca Santos, Rasel Tomé, Marcelo Chimirri, Edwin Araque, Rixi Moncada y Jacobo Lagos, entre otros. La mayoría de averiguaciones se efectuaron con el apoyo del Tribunal Superior de Cuentas en el aporte de informes de auditoría.
Sentencias
En el informe, la Fiscalía detalla resultados en la lucha contra la corrupción.
Para el caso, se obtuvieron 19 autos de prisión, 17 sentencias condenatorias, 5 órdenes de captura, 2 autos de apertura a juicio oral, 8 sobreseimientos, 4 sentencias absolutorias y 7 recursos de amparo y de apelación interpuestos.
Haciendo comparaciones, la Fiscalía expone que en el período comprendido del año 2002 al 2008 se produjeron 30 sentencias condenatorias. Sólo en el 2009 se emitieron 17 sentencias condenatorias, 12 más que las dictadas en el año 2008. Se reseña que en el año 2002 sólo se obtuvieron dos sentencias condenatorias.
En relación a los autos de prisión dictados en los juzgados se emitieron 19 en el año anterior. Acá se registra una disminución, en vista de que en el año 2008 se produjeron 28 autos de prisión.
En relación a los últimos ocho años, la Fiscalía contra la Corrupción ha obtenido 115 autos de prisión por varios delitos como abusos de autoridad, fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y cohecho.
Con respecto al delito de enriquecimiento ilícito, existen 30 expedientes en proceso de investigación y 14 órdenes de capturas libres por los tribunales de justicia. Sólo en los juzgados capitalinos existen 18 causas judicializadas por este ilícito.
Juzgados especiales
El fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo no estar satisfecho por los resultados de las causas incoadas por este flagelo.
“Las sentencias condenatorias para nosotros son importantes. Nunca estamos satisfechos, necesitamos mejorar, ser más eficientes para obtener mejores resultados, es importante subir las estadísticas”, dijo. Lo que espera es dar una respuesta a todas las denuncias que se interponen.
“En los que están pendientes hay procesos iniciados, unos han sido habidos otros están con órdenes de capturas dentro de un juicio”, manifestó.
La mayoría de las sentencias condenatorias producidas son por delitos como abuso de autoridad que por ser aplicadas penas menores a cinco años son conmutables. En otros casos los encausados aceptan la culpabilidad y al someterse a un proceso abreviado se les imponen penas menores a los cinco años.
En el caso del ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, se encuentra recluido por un auto de prisión por el caso del soborno de Latinode, no porque exista una sentencia condenatoria en su contra.
