Sigue la ola de muertes violentas previo a las elecciones generales en el país, esta vez se trata de Elvir Casaña, asesinado en horas de la noche de ayer sábado en la aldea El Colirio, Santa Bárbara.
Se supo que Casaña era un conocido dirigente y líder del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el municipio de San Luis.
Información preliminar indica que el candidato a regidor por San Luis había salido de un evento político encabezado por la aspirante presidencial Xiomara Castro cuando fue atacado a disparos.
De momento se desconoce quiénes le arrebataron la vida, así como el móvil exacto del hecho. El cuerpo de Casaña fue llevado a la morgue mientras investigadores trabajan en las primeras pesquisas de lo sucedido.
En las últimas horas también fue asesinado el alcalde del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, Francisco Gaitán.
El edil fue atacado a balazos después de una concentración política por un sujeto en estado de ebriedad. Francisco “Paquito” Gaitán iba nuevamente como candidato a la Alcaldía por el Partido Liberal en Cantarranas.
Un informe recién publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) detalló que de los 305 conflictos registrados en el país entre enero y octubre del presente año, la cuarta parte han sido conflictos electorales, de acuerdo al informe “El conflicto electoral y la violencia política en el ciclo electoral 2021 de Honduras”.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional analizó desde una perspectiva sistémica, dinámicas electorales cuando se convierten en un tipo de conflicto social, teniendo como período de estudio los primeros 10 meses del año, como antesala a las elecciones generales del 28 de noviembre.
Mediante un sistema de monitoreo y registro de conflictos ingresado de manera segmentada, la ASJ categorizó los diferentes conflictos sociales ocurridos en el país a partir de sus particularidades como: actores o grupos involucrados, manifestaciones observables, lugar, fecha, medio de verificación y efectos que produce.
Entre los factores que definen el contexto y dinámicas del conflicto social en el país, destacan la fragilidad estatal, la alta desconfianza que tiene la población hondureña en sus instituciones y la polarización de la sociedad.
Como argumento central, el informe plantea que para evitar que el desenlace de las elecciones generales sea violento, existen oportunidades de mitigar la conflictividad electoral a niveles que eviten un escalamiento a una nueva crisis.
