Para el Ministerio Público (MP) el expresidente José Manuel Zelaya mantiene el estatus de prófugo de la justicia.
El otrora mandatario permanece como huésped en la embajada de Brasil acreditada en Honduras tras su llegada al país el pasado 21 de septiembre. La justicia lo espera para que responda por violar la Constitución y actos de corrupción.
El pasado 25 de junio el fiscal general, Luis Alberto Rubí, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia el primer requerimiento fiscal contra Zelaya, por suponerlo responsable de incurrir en delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Luego se interpuso otra acusación, por los mismos ilícitos, por la emisión del decreto PCM-019-2009, en la cual el Ejecutivo convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente. En un tercer requerimiento fiscal, interpuesto el pasado 29 de julio, el MP le imputa, junto a otros ex funcionarios de su gobierno, los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, fraude y uso de documentos falsos por el despilfarro de 27 millones de lempiras en publicidad.
Para el MP, el Zelaya es aún un prófugo de la justicia, en vista que la orden de captura no se ha ejecutado y aunque se encuentre en Honduras no se presenta de forma voluntaria ante los tribunales a responder los cargos.
“Los acontecimientos en relación con todos los procesos que han sido interpuestos por el Ministerio Público están en el mismo estado en que los han dejado los juzgados”, manifestó el portavoz del MP, Melvin Duarte.
El ex presidente Zelaya, añadió, se encuentra en este momento asilado o protegido en la embajada de Brasil. Por el principio de extraterritoriedad mientras permanezca en ese lugar no se puede hacer ningún tipo de acción. “Los casos interpuestos ante los tribunales de justicia no podrán evolucionar hasta que las personas que han sido imputadas sean habidas o se presenten por voluntad propia ante los tribunales de justicia, en esa espera estaremos”, indicó.
El MP mantiene su posición jurídica respecto a los requerimientos fiscales interpuestos ante los órganos jurisdiccionales competentes.
De igual forma se sostiene el rechazo a que Zelaya sea favorecido con la figura de la amnistía. “La posición del Ministerio Público sigue siendo que se deduzca la responsabilidad por los delitos que han sido imputados en el requerimiento fiscal presentado ante los tribunales de justicia”, concluyó.
Plan de captura
“Somos enfáticos que una orden de captura se va a cumplir sin violentar ni restringir ningún derecho, sin violar ninguna norma social”, manifestó Orlin Cerrato, vocero de la Secretaría de Seguridad.
El vocero dijo que el dispositivo policial y militar que mantiene acordonada la sede diplomática permanecerá el tiempo que sea necesario en ese lugar. En el caso que se emita un salvoconducto para que Zelaya pueda abandonar el país, los agentes del Estado la respetarán.
“La Policía Nacional es respetuosa de todas las disposiciones, directrices o mandatos que sean emanados de autoridad competente. Toda vez que se ajusten a la legalidad, la Policía tiene que ser obediente”, expresó.
Se reúnen de emergencia magistrados de la Corte Suprema
Tegucigalpa. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público (MP) se reunieron ayer para coordinar acciones ante los últimos acontecimientos registrados en el país. La sorpresiva llegada del ex presidente Manuel Zelaya al país motivó que los operadores de justicia se sentaran para definir el paso a seguir.
El encuentro se escenificó ayer en la sede de la CSJ, a la cual la prensa no tuvo acceso por las medidas de seguridad que se implementaron en el lugar. El pleno de magistrados inició su reunión a las once de la mañana, a la cual se incorporó el fiscal general, Luis Rubí, en horas de la tarde.
Trascendió que el motivo de la reunión, que demoró unas tres horas, fue para definir si se adoptan nuevas disposiciones en el caso del proceso judicial incoado en contra de Zelaya. Asimismo, trascendió que un punto de la reunión fue la discusión de los alcances de la Convención de Viena, que data desde el año 1961.
Esta normativa internacional dispone garantías y derechos que gozan las sedes diplomáticas, como el no ser allanadas por agentes del país adonde están acreditadas. Asimismo, dispone la figura del salvoconducto, en este caso el que podría solicitar Zelaya para abandonar el país sin ser capturado.
