El Paraíso, Honduras.
Reporte de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (Fnccp) indica que la mujer junto con la evidencia fue remitida a la Fiscalía de Yuscarán por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin embargo, el fiscal de turno la dejo en libertad “por no encontrar delito alguno, ya que es una falta y solo puede ser sancionada administrativamente por parte de la cárcel, quedando el dinero en posesión de la Fiscalía”.
“Desde el momento en que la Fiscalía procede al comiso del dinero se establece que la requerida no pudo justificar la procedencia del mismo, tampoco supo explicar la razón de ocultarlos en su calzado, ante estos indicios, el fiscal debió ordenar una investigación y no solo decomisar los 10,000 lempiras”, afirmaron expertos.
¿Qué dice la Ley?
El artículo 36 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, puntualiza textualmente que, “al incurrir en ese delito puede recibir una pena de seis a 15 años de reclusión, quien por sí o porque lo hace por orden de otra persona, adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte o transfiera el dinero.
-Sanciones-
Al respecto, las autoridades penitenciarias indicaron que al intentar introducir dinero al establecimiento carcelario, la fémina cometió una falta grave, por lo que se le sancionará según el Reglamentos Disciplinario para las Visitas en los Centros Penitenciarios, entre las sanciones a aplicar está la suspensión de la visita por seis meses o la cancelación definitiva del carné.
Por considerar que no existe la comisión de un delito, sino una falta, un fiscal del Ministerio Publico (MP) asignado a la regional del municipio de Yuscarán, El Paraíso, dejó en libertad a una fémina detenida días atrás en La Tolva, en Morocelí, cuando pretendía introducir 10,000 lempiras.
La mujer llevaba oculto el dinero en la plantilla de las sandalias, pero al pasar el calzado por el escáner se detectó que las mismas habían sido manipuladas, procediendo a revisarlas y descubriendo en cada una un paquete conteniendo la cantidad de 5,000 lempiras, los dos paquetes iban envueltos en hoja de papel en donde se detallan nombres y cantidades de dinero.
Reporte de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (Fnccp) indica que la mujer junto con la evidencia fue remitida a la Fiscalía de Yuscarán por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin embargo, el fiscal de turno la dejo en libertad “por no encontrar delito alguno, ya que es una falta y solo puede ser sancionada administrativamente por parte de la cárcel, quedando el dinero en posesión de la Fiscalía”.
-Reacciones-
Profesionales del Derecho mencionaron que en este caso la Fiscalía regional debió ordenar de oficio una investigación para determinar el origen del dinero, ya que al encontrársele oculto en las sandalias un manuscrito detallando nombres y cantidades monetarias, es responsabilidad del ente acusador iniciar una investigación para confirmar o descartar la comisión de un ilícito.
 Escrito que la fémina llevaba junto con los miles de lempiras.
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“Desde el momento en que la Fiscalía procede al comiso del dinero se establece que la requerida no pudo justificar la procedencia del mismo, tampoco supo explicar la razón de ocultarlos en su calzado, ante estos indicios, el fiscal debió ordenar una investigación y no solo decomisar los 10,000 lempiras”, afirmaron expertos.
¿Qué dice la Ley?
El artículo 36 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, puntualiza textualmente que, “al incurrir en ese delito puede recibir una pena de seis a 15 años de reclusión, quien por sí o porque lo hace por orden de otra persona, adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte o transfiera el dinero.
-Sanciones-
Al respecto, las autoridades penitenciarias indicaron que al intentar introducir dinero al establecimiento carcelario, la fémina cometió una falta grave, por lo que se le sancionará según el Reglamentos Disciplinario para las Visitas en los Centros Penitenciarios, entre las sanciones a aplicar está la suspensión de la visita por seis meses o la cancelación definitiva del carné.
