El Ministerio Público confirmó este miércoles el auto de formal procesamiento contra Lenard Francisco Matamoros García, receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, y su madre, María Reina García Cruz.
Ambos enfrentan cargos por revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
La medida incluye la prisión preventiva para Matamoros García y García Cruz, quienes fueron detenidos durante allanamientos ejecutados en las colonias Las Uvas y La Peña.
Durante estos operativos, se aseguró e incautó un inmueble en residencial Las Uvas, propiedad del fallecido abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios.
La escritura pública de compraventa de la propiedad fue alterada por un pariente del notario autorizante y posteriormente vendida a la madre del funcionario judicial a un precio significativamente inferior a su valor comercial.
El trasfondo de este caso se remonta a 2019, cuando la MACCIH-UFECIC identificó que el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción estaba filtrando información a los investigados, comprometiendo así las diligencias judiciales y la captura de los imputados.
En al menos dos ocasiones, se documentó la entrega de dinero a cambio de esta información privilegiada.
Clave
Un elemento clave en la investigación es el análisis financiero, que revela un aumento considerable en los ingresos del funcionario judicial desde que comenzó a laborar en el circuito anticorrupción.
Durante este periodo, se realizaron al menos 165 depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, totalizando más de 2 millones de lempiras (L. 2,063,800.00).
Según la Fiscalía, el modus operandi incluía depósitos en efectivo mediante cajeros automáticos y la gestión de juegos de azar no autorizados.
Estos juegos, inicialmente operados desde la residencia del funcionario judicial, continuaron durante la pandemia de Covid-19 mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Poker, configurándose como un casino clandestino.
Hasta la fecha, se han identificado alrededor de 213 jugadores que realizaban sus apuestas a través de transferencias bancarias a la cuenta personal del funcionario, alcanzando una suma aproximada de dos millones de lempiras.
