Varias armas que sirvieron de evidencia en casos que ya tuvieron sentencia firme por los tribunales de justicia en los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro y Gracias a Dios, fueron destruidas por la Procuraduría General de La República de Honduras (PGR).
La destrucción de estas armas, que fueron unas 60, se llevó a cabo en la Jefatura Metropolitana de la Policía en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro y en el Cuarto Batallón en el municipio de San Francisco en Atlántida.
“Los tribunales de ejecución de La Ceiba celebraron audiencia de armas de fuego, entregadas en comiso, según sentencia firme a la Procuraduría General de la República, en representación del Estado de Honduras, para que se procediera a realizar la destrucción de las piezas de convicción declaradas en comiso”, explicó Glenn Flores, vocero de los tribunales de justicia de La Ceiba.
Fueron 44 armas, entre fusiles, escopetas y pistolas, las que se destruyeron en el Cuarto Batallón, y que fueron entregadas por los tribunales de La Ceiba y Tela, en casos ya sentenciados por homicidio, portación ilegal, entre otros delitos.
“Mañana (jueves), se va a continuar con la destrucción de más armas en este batallón”, indicó Flores.
Tenían una piedra como evidencia de un intento de homicidio
En las instalaciones de la Unidad Metropolitana de la Policía de Olanchito se destruyeron 20 armas de fuego, 8 machetes, tres cuchillos, 200 municiones, “y hasta una piedra, con la que se cometió un ilícito de homicidio en el grado de ejecución de tentativa agravada”, informó Susan Salgado, procuradora regional de la PGR en la región del valle del Aguán y La Mosquitia.
Estas evidencias físicas y biológicas son de casos juzgados en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Yoro.
“Tenemos más evidencias en los almacenes que en los próximos días serán destruidas, y que son pistolas y fusiles”, dijo la procuradora regional.
En el proceso de las armas en comiso que fueron destruidas con sierras de metal y después enterradas estuvieron como testigos de estas audiencias fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional, militares y autoridades municipales.
