Las autoridades policiales informaron que ya tienen resuelto el caso de la desaparición de los líderes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz de Tela, Atlántida, en el que, según las indagaciones, participaron 18 individuos.
Los desaparecidos son Alberth Sneider Centeno Thomas, presidente del patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Junior Rafael Juárez.
Los cuatro garífunas y Rafael Juárez fueron privados de su libertad por un grupo de hombres uniformados de policías y armados con fusiles que irrumpieron la madrugada del 18 de julio de 2020, en el barrio El Tigre, en Triunfo de la Cruz, donde allanaron las casas de las víctimas y se los llevaron privados de su libertad y a la fecha no han aparecido.
Las autoridades indicaron que hay pruebas técnico-científicas y testificales que ubican a los implicados (que la Policía tiene identificados) en el lugar del hecho y el rol que desempeñaron en la comisión del delito, para lo cual usaron seis vehículos.
La Policía además maneja la tesis de que el hecho no tiene como móvil el problema de tierras, ni asuntos relacionados con las funciones que desempeñaban como líderes en la comunidad, sino que la criminalidad organizada.
Informaron que las investigaciones nunca se pararon y prueba de eso es que ya hay una respuesta concreta de la Policía, pues el expediente del caso ya lo tiene el Ministerio Público para que presente la acusación en los tribunales.
Poder Judicial manda que se ejerza medidas efectivas
El 2 de agosto de este año la Sala Constitucional del Poder Judicial declaró con lugar un recurso de amparo para que se retomaran las investigaciones sobre la desaparición forzada de los garífunas en la aldea Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.
El recurso fue presentado contra actuaciones del exfiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, y para el debido cumplimiento del fallo, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio Público, a través de sus fiscalías especiales, realizar actuaciones urgentes para investigar este caso de desaparición.
En primer lugar, mandó que se deben tomar acciones inmediatas para avanzar las investigaciones de los hechos ocurridos el 18 de julio del año 2020 en Triunfo de la Cruz.
Las autoridades de la Policía informaron que en lo que respecta a esa institución siempre se estuvo trabajando en el caso que fue investigado por una unidad especializada que logró resolverlo y cuya culminación será cuando el MP presente el requerimiento y se capture a los autores de la privación injusta de la libertad de los cuatro garífunas.
La ordenanza de la Sala Constitucional del Poder Judicial detalla que el Ministerio Público deberá ejercer las medidas inmediatas y efectivas para identificar, ubicar e imputar a los responsables de estos hechos, asimismo, brindar la asistencia apropiada y necesaria a los familiares de las víctimas y mantener una comunicación constante y viable con ellos.
El fallo de la Constitucional agrega que deben ejercerse sin más dilaciones todas las acciones necesarias para dar con el paradero de estos ciudadanos y conocer lo que sucedió con ellos.
La comunidad garífuna y sus líderes son del criterio que la desaparición es una represalia, ya que antes de que los dirigentes del patronato fueran raptados habían iniciado una presión para que el Estado de Honduras indemnizara la comunidad Triunfo de la Cruz, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de devolverle las tierras ancestrales que las pertenecían de donde los habían despojado, pero la Policía en sus indagaciones establece que el móvil del hecho es criminalidad organizada.
Organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se hicieron eco del hecho, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de Honduras que determinara el paradero de los desaparecidos y estableció -incluso- plazos para que brindara un informe a ese organismo sobre la recuperación de los garífunas.
