La Corte de Apelaciones de lo Penal con Jurisdicción Nacional confirmó ayer el auto de formal procesamiento a Arnaldo Urbina Soto, alcalde de Yoro.
La defensa de Urbina Sorto interpuso un recurso de apelación para que la Corte le revocara le medida impuesta en la audiencia inicial, pero fue declarada sin lugar.
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El Ministerio Público presentó acusación contra el alcalde yoreño por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y posesión ilegal de armas comerciales y prohibidas, delitos por los cuales le ratificaron dicha medida.
En su momento, la Fiscalía había ampliado la acusación por tráfico de drogas y almacenamiento ilegal de armas, por lo que el Tribunal de lo Penal con Jurisdicción Nacional lo desestimó. El apoderado legal del alcalde presentó como medios de pruebas documentos de los bienes, pero el juez determinó que no eran suficientes pruebas para desvanecer las acusaciones que se le imputaron.
Captura
Arnaldo Urbina Sorto fue capturado el 27 de julio de 2014 tras el aseguramiento de varias de sus propiedades en la aldea El Tirón, en el municipio de Yoro. Según las investigaciones de las autoridades fiscales, el alcalde al parecer dirigía una banda criminal dedicada al narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, habilitación de narcopistas, desplazamiento forzado de personas y daños al ambiente; pero en la acusación que se le formuló solo figuraron tres delitos.
En la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó enviar a Urbina Soto a que guardara prisión al Tercer Batallón en Naco, departamento de Cortés, desde entonces continúa recluido en la base militar. La otra audiencia en la que tendrán que comparecer es la preliminar para elevar el caso a juicio oral y público. Según las investigaciones, la organización criminal Urbina-Soto sembraba el terror entre la población de Yoro. Se les vincula con el asesinato de más de 130 personas por diversas razones.
Durante el operativo se ejecutaron nueve allanamientos y 10 aseguramientos. Las viviendas que le fueron aseguradas por las Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) están valoradas en más de 30 millones de lempiras y se encuentran en una zona rural del departamento de Yoro. También fueron incautadas varias camionetas de lujo y armas de fuego.
