Tegucigalpa, Honduras. Ruby Azucena Herrera Guillén fue condenada a nueve años de prisión por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una comerciente, a quien fue privada de su libertad el 6 de marzo de 2025 en Choluteca.
La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado en los Juzgados de Letras con Jurisdicción Nacional, luego de que Herrera Guillén admitiera su responsabilidad en el secuestro. El proceso fue impulsado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales.
La víctima fue interceptada en el estacionamiento de un centro comercial de Choluteca y posteriormente trasladada hasta la aldea El Tablón, en el municipio de Santa Ana de Yusguare. En ese lugar, los responsables exigieron a sus familiares el pago de siete millones de lempiras a cambio de liberarla.
Equipos de la FESCCO y de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desarrollaron las pesquisas para ubicar a la joven. El operativo permitió localizarla y rescatarla el 8 de marzo de 2025, dos días después de su secuestro, sin que los familiares efectuaran el pago exigido.
Durante el operativo también fueron detenidos varios sospechosos relacionados con el caso. En el expediente figuran Rodolfo Enrique Maldonado Herrera, José Porfirio Umanzor Rodríguez, Albert Yosary Oliva Linárez, Fany Argentina Matamoros Barahona y José María Umanzor, quienes permanecen bajo prisión y a la espera del juicio correspondiente.
En el caso de Rodolfo Enrique Maldonado Herrera, la acusación fue ampliada por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En la operación de rescate, las autoridades también decomisaron dos vehículos tipo pick-up, una escopeta con sus proyectiles y seis teléfonos celulares.
Además de los nueve años de prisión, el tribunal impuso a Herrera Guillén la prohibición de residencia por el doble del tiempo que dure la condena y la pena accesoria de inhabilitación absoluta. La mujer cumplirá su sentencia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PENFAS), en Támara.
