Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó este lunes un nuevo caso de corrupción denominado Hermes, en el cual se dio a conocer que fondos públicos fueron sustraídos a través de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID, en la que hay dos secretarios de Estado entre los acusados.
De acuerdo a las investigaciones, a inicios del 2014, la ministra en Comunicaciones y Estrategia, solicitó al ministro de Gestión Financiera de Casa Presidencial, la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AID, la cual suscribió 29 contratos de manera directa y sistemática hasta el mes de diciembre del 2016, entre Casa Presidencial y la referida empresa.
Lo anterior, para el 'servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional según un listado de medios entregado por el contratante”, que sumó más de 98 millones de lempiras (L98,313,000.00).
Además lea: Capturan a presuntos testaferros de Orlando Pinto en la zona sur de Honduras
El total de fondos acreditados a la empresa Servicios Inversiones AID fue de 122 millones con 105 mil lempiras (L122,105,000.00), cantidad que sobrepasa en más de 49 millones de lempiras el presupuesto aprobado a Casa Presidencial para el rubro publicidad y propaganda.
También fueron usados para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política, diseño y montaje de restaurante, renta de vehículos blindados, compra de semilla para producción de vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.
El requerimiento fiscal se presentó contra:
- Pedro Alexander Pineda Díaz, secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, por considerarlo autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; 43 delitos de fraude.
- Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente Administrativo de Casa Presidencial, autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; 43 delitos de fraude; y 50 delitos de malversación de caudales públicos.
- Lesly Mirella Funez Sierra, contadora General de Casa Presidencial, por considerarla autora de 43 delitos de violaciónn de los deberes de los funcionarios; coautora de 43 delitos de fraude; y 53 delitos de malversación de caudales públicos.
- Axel Eduardo Huete González, gerente administrativo de Casa Presidencial, autor de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios; tres delitos delitos de fraude; y tres delitos de malversación de caudales públicos.
- Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, por considerarla cómplice necesario de 43 delitos de fraude y un delito de Lavado de activos.
- Claudia Yamila Noriega Gonzalez, por el delito de lavado de activos.
- Norma Guillen Noriega Rodríguez por lavado de activos.
- Mario Alberto Villanueva Menjívar, sub jefe de fiscalización presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas TSC, por el delito de testaferrato.
- Gloria Margarita Vargas, autor del delito de encubrimiento agravado.
- Judit Mariel Muñoz Castañeda por encubrimiento agravado.
- Julio Antonio Galdámes Fuentes por encubrimiento agravado.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de seguir trabajando combatiendo la delincuencia en todas sus modalidades para dar fiel cumplimiento al mandato legal.
Tras lo ocurrido, el Gobierno emitió un comunicado que expone 'que ha brindado toda la información requerida por parte del Ministerio Público y reafirma su compromiso de seguir dando todas las facilidades para que las investigaciones por parte de los entes de justicia se ejecuten en apego a la ley hasta esclarecer los hechos'.
Y agrega:' de la misma manera llama que a los ciudadanos requeridos judicialmente se les respete el derecho universal de presunción de inocencia y debido proceso. El Gobierno de la República recuerda que nadie está por encima de la ley y que cada quien es responsable de sus actos, y que en ningún caso está responsabilidad se transfiere a otra persona'.
 |
|
