Tegucigalpa, Honduras
Un juez de Honduras negó hoy la libertad bajo fianza al exgerente de la Suplidora Nacional de Granos Básicos, Santos Cerrato, y dos exempleados de esa institución, acusados de supuesto fraude y abuso de autoridades, y le confirmó la prisión preventiva, informó una fuente oficial.
Un juez anticorrupción rechazó la petición en una 'audiencia especial de revisión de medidas' solicitada por la defensa del Cerrato y los dos exempleados de la Suplidora de Granos Básicos (Banasupro), indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Los acusados solicitaron el cambio de prisión preventiva por medidas sustitutivas de la cárcel presentando 'un arraigo patrimonial y una caución de bienes inmuebles', añadió.
No obstante, el Ministerio Público pidió que las fianzas fueran rechazadas en base a 'que no han desaparecido los presupuestos legitimadores (antecedentes jurídicos) para que se sustituyera la prisión preventiva, ratificándose ese extremo por parte del juez competente'.
Cerrato es acusado de 'abuso de autoridad, fraude, dos delitos de falsificación ideológicas de documentos públicos y tres de usurpación de funciones' en la compra de un sistema de software, según la denuncia.
Asimismo, continuarán en prisión el exjefe de Administración y Recursos Humanos de Banasupro, Víctor Samuel Anchecta; y el extitular de la División Contable y Financiera, José Norman Canales, acusados de abuso de autoridad fraude, falsificación ideológica de documentos públicos y usurpación de funciones.
A la exencargada de Bienes Nacionales, Claudia Monserrat Cáceres, quien es acusada de fraude y dos delitos de falsificación ideológica de documentos públicos, le ratificaron 'medidas distintas a la prisión', señaló el organismo en el boletín de prensa.
Los acusados, quienes fueron detenidos a mediados de junio, realizaron en 2010 la compra de un sistema informático 'sin cumplir con las disposiciones legales establecidas ni con los documentos soportes de la adquisición', según un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas.
Los imputados emitieron 38 cheques a favor de dos empresas por concepto de compras de licencia, servicios profesionales y equipo de cómputo por un monto de más de 3,2 millones de lempiras (unos 132.615 dólares), de acuerdo con el Ministerio Público.EFE
