El Estado de Honduras contestó una demanda incoada en su contra por la masacre de 107 reclusos en el presidio de San Pedro Sula.
El 17 de mayo de 2004 murieron quemados 107 reos del Centro Penal Sampedrano, producto de un incendio originado por un cortocircuito.
A la 1.30 de la madrugada, la población penitenciaria fue alertada mediante gritos y disparos que ocurría el incendio en el recinto, específicamente en los hogares 3, 6 y 19.
Por el hecho, familiares de las víctimas demandaron al Estado reclamando indemnización por daños y perjuicios, por la vulneración de derechos.
La denuncia prosperó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la turnó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con sede en San José, Costa Rica, para que se pronuncie en este juicio. La contestación de la demanda la formalizó la Procuraduría General de la República, PGR, en su carácter de representante legal del Estado.
“Ya se dio contestación a ese juicio”, informó la procuradora general, Ethel Deras Enamorado, a su retorno de Nicaragua, donde también contestó otra demanda por incumplimiento de un fallo judicial.
En la demanda se señala una responsabilidad estatal por la muerte de los reclusos, al no contar con condiciones mínimas de seguridad en las instalaciones eléctricas del recinto carcelario.
En la contestación de agravios, la PGR expuso los argumentos de defensa, con el interés que la demanda sea declarada sin lugar y no se condene al Estado a incuantificables sumas de dinero.
